
El Gobierno de Perú ha decidido extender el Estado de Emergencia en varios distritos del departamento de Madre de Dios debido a la persistente amenaza de actividades ilegales que afectan el orden interno. Según el Decreto Supremo N° 126-2024-PCM, la medida se prolongará por 60 días a partir del 27 de noviembre de 2024, abarcando los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto en la provincia de Tambopata, así como Madre de Dios y Huepetuhe en la provincia de Manu; departamento de Madre de Dios.
La decisión de prorrogar el estado de emergencia se fundamenta en la necesidad de combatir y neutralizar actividades ilícitas como la tala y minería ilegal, así como delitos conexos como el tráfico de drogas, contrabando y trata de personas. Estas actividades han sido identificadas como perturbadoras del orden interno, según informes de la Policía Nacional del Perú.
Restricciones de derechos constitucionales
Durante este periodo, se mantendrán restricciones a ciertos derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Estas restricciones están contempladas en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que permite tales medidas en situaciones de emergencia.
La Policía Nacional del Perú continuará liderando el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta colaboración se enmarca en lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la policía, y el Decreto Legislativo N° 1095, que establece las reglas para el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en situaciones de emergencia.
El decreto también establece que, al finalizar el periodo de emergencia, la Policía Nacional deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos. La implementación de estas acciones se financiará con el presupuesto institucional asignado a los organismos involucrados, con posibles asignaciones adicionales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este decreto ha sido refrendado por la Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, junto con el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Lino Adrianzen Olaya, y los ministros de Defensa, Interior y Justicia y Derechos Humanos. La medida busca asegurar la paz y el orden en una región afectada por actividades ilegales que amenazan la seguridad y el bienestar de sus habitantes.
Estado de emergencia en Lima
A fines de septiembre el Gobierno declaró el estado de emergencia en Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador, de la provincia de Lima, y en el distrito de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao, por un plazo de 60 días calendario con el objetivo de combatir la ola de criminalidad.
Pese a que los homicidios y atentados vinculados al sicariato y al cobro de cupos continúan, el Mininter intenta resaltar algunos números producto de los operativos que han realizado.
Del 28 de setiembre al 12 de noviembre la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 3.610 delincuentes y capturó a 467 requisitoriados en 14 distritos de Lima y Callao declarados en estado de emergencia.

Desde que se dictó el estado de emergencia en estas jurisdicciones, los agentes del orden desarticularon 173 bandas criminales cuyos miembros se dedicaban al sicariato, extorsión, comercialización de drogas, entre otros delitos.
En ese periodo también incautaron S/ 19.398,25 de procedencia ilícita, 929 celulares, 75 armas de fuego, 37 armas blancas, dos cartuchos de dinamita, 16 fulminantes, 4 granadas de guerra y 170 municiones, artefactos que iban a ser utilizados por los criminales contra la seguridad de los ciudadanos.
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