La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido una solicitud urgente para adoptar medidas cautelares a favor del coronel Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien presentó la petición debido al acoso que él y sus compañeros enfrentan desde el Ejecutivo.
Según la solicitud, existe una amenaza real de que él y 800 agentes sean dados de baja de la Policía Nacional (PNP) como represalia por su participación en investigaciones de corrupción que implican a la cúpula de Gobierno, incluida la presidenta Dina Boluarte.
Estas acciones se perciben como represalias por su participación en investigaciones relacionadas con la corrupción en el poder, incluido un allanamiento a la vivienda de Boluarte por el escándalo del ‘Rolexgate’. Colchado fue separado de la Diviac tras esta operación y enfrenta un procedimiento administrativo disciplinario, además de dos investigaciones en la Inspectoría de la PNP por supuestas irregularidades, como el uso indebido de una imagen alusiva a dicho evento.
También se inició el proceso para su destitución de la PNP, a pesar de haber sido parte de la Diviac desde su fundación en 2016; una unidad que ha ganado notoriedad en casos de criminalidad organizada vinculados a altos funcionarios y políticos.
Tras recibir la solicitud de medidas cautelares, la CIDH deberá evaluar su cumplimiento con los requisitos formales y analiza la gravedad, urgencia e irreparabilidad del riesgo. Puede requerir información adicional al solicitante y al Estado. Si se cumplen los criterios, otorga las medidas y solicita al Estado acciones para proteger a las personas.
Aunque estas decisiones no son vinculantes, tienen un peso moral y político significativo, y suelen ser cumplidas por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debido a compromisos internacionales. La CIDH supervisa el cumplimiento de las medidas y puede modificarlas o levantarlas si el riesgo se desvanece.
Otros solicitantes
En 2021, la Comisión emitió medidas cautelares para proteger a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y a su familia, al considerar que enfrenta un riesgo grave debido a su visibilidad pública y a campañas de desprestigio y hostigamiento dirigidas contra él, que incluyen manifestaciones frente a su domicilio y amenazas de violencia.
A pesar de las medidas de protección implementadas por el Estado, la CIDH observó una falta de avances significativos en las investigaciones, de modo que requirió a Perú que garantice su seguridad y que pueda desempeñar sus funciones sin enfrentarse a amenazas.
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