Las Naciones Unidas reconocieron a nivel internacional las estrategias adoptadas que se tomaron en Perú para enfrentar el mayor desastre ambiental que ocurrió en la costa de Ventanilla, en el Callao, el 15 de enero del 2022.
Como se recueda, este incidente medioambiental, que derramó 12.000 barriles de petróleo, causó graves consecuencias en la biodiversidad del mar peruano.
Ante la emergencia, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) implementó una serie de acciones estratégicas para visibilizar los impactos, generar conciencia ciudadana, exigir la reparación de los afectados por Repsol y promover políticas públicas adecuadas.
El organismo mundial destacó que dicha institución “desempeñó un papel central en el establecimiento de marcos legales, lo que resultó en la aprobación de una nueva Ley de Declaración de Emergencia Ambiental.
Su trabajo llegó a más de 300.000 personas, empoderando a las comunidades afectadas y fortaleciendo las alianzas nacionales”.
Repsol: Historia de un derrame
Cabe señalar que el trabajo de la SPDA sobre el derrame de petróleo ocurrido en el mar peruano incluye documentación audiovisual, reportajes periodísticos, análisis legales, incidencia en las políticas públicas, etc.
Esta cobertura está reunida en la web “Historia de un derrame”, plataforma que es actualizada constantemente para que la ciudadanía conozca todo lo relacionado al mayor desastre ambiental.
Se ha registrado el número de personas afectadas, el número de animales que fallecieron tras el derrame, los procesos administrativos y penales que tiene Repsol, los planes de rehabilitación aprobados hasta la fecha, y la cronología de cómo ocurrieron los hechos desde el sábado 15 de enero del 2022.
“La SPDA respondió con una estrategia de varios niveles que combina el análisis, la documentación audiovisual y la defensa de la justicia ambiental. Este es el trabajo orgánico de nuestra organización que este año cumple 38 años, trabajando por el Perú que todos nos merecemos”, destacó Isabel Calle, directora ejecutiva de la organización.
Repsol no paga sus multas
Las multas impuestas a Repsol por el derrame ascienden a más de 208 millones de soles, equivalentes a aproximadamente 56 millones de dólares. Sin embargo, hasta la fecha, la empresa ha pagado solo alrededor de US$8 millones, quedando una deuda pendiente de aproximadamente US$47 millones 494.000. Los testimonios de los pescadores afectados reflejan el impacto devastador del derrame en sus vidas y medios de subsistencia.
En tanto, la Federación de pescadores artesanales ancestrales y tradicionales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay ha manifestado su descontento ante una apelación presentada por la empresa Refinería La Pampilla S.A. (RELAPSAA), parte del grupo Repsol.
En julio de 2024, la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas había decidido, mediante la Resolución Directoral N°132-2024-MINEM/DGAAH, incorporar a la Federación como tercero administrado en el procedimiento de evaluación del “Plan de Rehabilitación para la Zona 1, Sector Chancay-Aucallama”. Esta decisión se tramitó bajo el escrito N° 3619781, fechado el 1 de diciembre de 2023.
La situación ha generado una creciente preocupación entre las comunidades pesqueras, que buscan ser parte activa en los esfuerzos de rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas. La inclusión de la Federación en el plan de rehabilitación es vista como un paso crucial para garantizar que las voces de los pescadores sean escuchadas y que se aborden adecuadamente los daños causados por el derrame.
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