El Congreso de la República ha aprobado, con alta permisidad del Poder Ejecutivo, una serie de proyectos de ley a favor de la impunidad criminal en un país donde el 85,9% de los ciudadanos ha expresado sentirse inseguro frente a una ola de extorsiones, sicariato y otros delitos. Este porcentaje representa el nivel más alto de registrado en los últimos años.
En mayo de 2023, el Congreso de Perú aprobó la controvertida Ley 31751, conocida como la Ley Soto, que ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y su impacto en la lucha contra la corrupción. Según declaraciones de César San Martín Castro, juez de la Corte Suprema de Justicia, esta ley modifica el artículo 84 del Código Penal, limitando la suspensión del plazo de prescripción a un año, lo que, según él, es inconstitucional y desproporcionado.
San Martín Castro argumenta que esta restricción no considera las características específicas de cada delito y contraviene estipulaciones del Derecho Internacional Penal, como las establecidas por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
La Ley 31751 no es la única legislación polémica aprobada recientemente. La Ley 32108, que también ha sido objeto de críticas, modifica disposiciones del Código Penal y la Ley contra el crimen organizado, entre otras. Esta ley ha sido señalada por crear incentivos para el aumento de actividades delictivas al limitar la aplicación de normas que sancionan a organizaciones criminales, lo que podría favorecer la impunidad y la proliferación de delitos como el sicariato y la extorsión.
Por otro lado, la Ley 31990, que debilita el proceso de colaboración eficaz, fue aprobada por insistencia del Congreso, a pesar de las advertencias de diversas instituciones como la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Estas entidades señalaron que los cambios introducidos por esta ley podrían obstaculizar la lucha contra la corrupción, un problema persistente en el país.
Estas leyes han suscitado preocupación entre expertos y autoridades judiciales, quienes temen que puedan abrir la puerta a la impunidad y dificultar la persecución de delitos complejos que requieren investigaciones exhaustivas. San Martín Castro subrayó que la suspensión del plazo de prescripción es crucial en casos de criminalidad gubernamental, donde los procedimientos parlamentarios de acusación constitucional pueden ser prolongados.
El 85,9% de ciudadanos sienten inseguridad en sus calles
En mayo de este año, un alarmante 27,7% de los ciudadanos encuestados en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) reportó haber sido víctima de algún delito, marcando el porcentaje más alto en los últimos ocho años. Este dato refleja un incremento significativo en la percepción de inseguridad entre la población, que ha alcanzado niveles sin precedentes desde 2019.
La encuesta, realizada por Enapres, también reveló que un 85,9% de los participantes expresó sentirse inseguro. Este porcentaje representa el nivel más alto de percepción de inseguridad registrado en los últimos años, lo que subraya la creciente preocupación por la seguridad ciudadana.
Desde 2019, la percepción de inseguridad ha ido en aumento, y los datos actuales sugieren que la situación no ha mejorado. La combinación de una alta tasa de victimización y una percepción generalizada de inseguridad plantea desafíos significativos para las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública.
Estos resultados ponen de manifiesto la urgencia de implementar políticas que no solo reduzcan la incidencia delictiva, sino que también restauren la confianza de la población en las instituciones encargadas de su protección.
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