Disputa por el oro en Puno: Hallan los cuerpos de cuatro mineros en La Rinconada

Las personas fallecidas siguen sin ser identificadas y no se descarta que hayan sido asesinadas en un lugar para luego ser desplazadas a un descampado, donde sus restos fueron encontrados

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30/09/2009 Comunidad minera en La
30/09/2009 Comunidad minera en La Rinconada, en Puno, Perú SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Ric Francis

Una presunta disputa por el oro extraído de las minas cercanas al centro poblado La Rinconada habría terminado en tragedia para cuatro mineros, quienes fueron asesinados y sus cuerpos abandonados en un descampado cerca a la localidad ubicada en el distrito de San Antonio de Putina, en la región Puno.

Según los testimonios recogidos por la prensa local, los cuerpos fueron hallados en una zona conocida como Llajtapata, desvío Cjumuni, cerca a La Rinconada. Los cadáveres estaban cubiertos con capuchas y fueron dejados en el lugar por los presuntos asesinos luego de haber ultimado a los hombres en un lugar desconocido hasta el momento.

El hallazgo de los cuerpos se produjo el domingo 18 de agosto, cuando fue reportado por vecinos de la zona ante las autoridades. Agentes de la Policía Nacional del Perú se aproximaron a la escena y recogieron las evidencias del hecho.

Por los indicios de violencia y el hallazgo de heridas producto de disparos en los cuerpos, no se descarta que las víctimas hayan sido asesinadas en una presunta disputa por la extracción de oro, o en todo caso a raíz de un presunto cobro de cupos de la actividad minera en la zona. Esto deberá ser aclarado por los representantes de la Fiscalía.

Miembros de la PNP empezaron
Miembros de la PNP empezaron investigaciones para encontrar a los culpables.

En abril de este año, precisamente en la localidad de La Rinconada, también fueron hallados los cuerpos de tres hombres que fueron asesinados luego de recibir varios disparos en el sector de Antahuila, cerca a la zona minera.

Ante ello, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se movilizaron rápidamente para llegar hasta el lugar del crimen e investigar lo ocurrido. Tras realizar las primeras diligencias de ley, descubrieron que los asesinados trabajaban en una mina como parte del personal de seguridad en las plantas de beneficio de minerales conocido como trapiche.

Las autoridades lograron encontrar a una de las tres víctimas aún con vida, sin embargo, no resistió los balazos por mucho tiempo, ya que, al intentar movilizarla a un centro de salud cercano, falleció en el camino.

Gracias a las indagaciones trascendió desde la Policía que un grupo de sujetos encapuchados atacaron con armas de fuego a los vigilantes. Los criminales habrían querido ingresar a robar minerales, práctica común en la zona.

El gobierno de Dina Boluarte
El gobierno de Dina Boluarte decidió extender la duración de la medida para luchar contra la inseguridad ciudadana en cinco distritos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Minería ilegal: un problema grave para el Perú

La minería ilegal no es solo un problema en Puno o en el sur del Perú. En el norte, la provincia de Pataz es otra de las zonas del país en la que la criminalidad y la minería ilegal se encuentran. Este es precisamente el motivo por el que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte hizo oficial una prórroga del estado de emergencia que está vigente desde febrero del año 2024.

Cuatro decretos supremos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo el mando de Gustavo Adrianzén, fueron publicados por el Diario Oficial El Peruano y hacen oficial la prórroga de estas medidas excepcionales a partir de los días 11 y 12 de agosto del 2024, aunque con diferentes duraciones y que afectan no solo a esta provincia, sino también a otros territorios en el norte del Perú, como Trujillo y Virú.

En los casos de Trujillo y Pataz, esta medida se ejecutó desde febrero del 2024, aunque para este entonces las provincias de la región La Libertad ya acumulaban 14 meses seguidos en emergencia. En el caso de Virú, la medida entró en vigencia en julio de este año.

en los casos de Trujillo y Pataz, esta medida se ejecutó desde febrero del 2024, aunque para este entonces las provincias de la región La Libertad ya acumulaban 14 meses seguidos en emergencia. En el caso de Virú, la medida entró en vigencia en julio de este año.

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