Corrupción en todos lados

En enero de este año, Ipsos publicó el informe “¿Qué le preocupa al mundo?”, que muestra resultados de encuestas realizadas a más de 22,000 adultos entre 16 y 74 años de 29 países. Inflación (36% del total), pobreza (29%) y el crimen y delincuencia (29%), se posicionaron como las principales preocupaciones a nivel global. En el caso del Perú, el crimen y delincuencia (62%), y la corrupción (53%), fueron las dos principales.

El documento de mayo último “Perú: Percepción Ciudadana sobre la Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), da cuenta de que el 54.6% de la población considera a la corrupción como la principal preocupación.

En junio pasado, la Contraloría General de la República publicó el documento de investigación Incidencia de la Corrupción e Inconducta Funcional, revela que un 12.7% del gasto efectuado a nivel nacional en 2023 se perdió por corrupción, lo que equivale a S/ 24,268 millones. Los resultados en el interior del país dan cuenta de que existe corrupción en todos lados.

En el caso de Piura, un 16.2% del gasto efectuado en el departamento se perdió por corrupción, lo que equivale a S/ 1,501 millones. De ese total, un 43.7% le correspondieron al Gobierno regional, equivalentes a S/ 656 millones. Esto lo expone como el departamento con el Gobierno regional con el mayor nivel de costo en corrupción.

En Áncash, un 16.2% del gasto efectuado en el departamento se perdió por corrupción, lo que equivale a S/ 1,311 millones. De ese total, un 32.3% les correspondieron a los gobiernos locales, equivalentes a S/ 424 millones. Esto lo expone como el cuarto departamento con mayor nivel de costo en corrupción generada por sus municipalidades.

En el caso de La Libertad, un 15.2% del gasto efectuado en el departamento se perdió por corrupción, lo que equivale a S/ 1,131 millones. De ese total, un 42.2% le correspondieron al Gobierno regional, equivalentes a S/ 477 millones. Esto lo expone como el segundo departamento con mayor nivel de costo en corrupción generado por su Gobierno regional.

La corrupción obstaculiza de varias maneras el crecimiento económico, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por ejemplo, reduce el volumen y la calidad del gasto público al elevar el costo de las adquisiciones públicas. Los fondos también pueden desviarse mediante transacciones extrapresupuestarias. Esto reduce los recursos disponibles para inversión pública y otros gastos prioritarios, lo cual agrava los problemas de infraestructura.

El hecho que la ciudadanía haya normalizado la corrupción preocupa demasiado. Una corrupción generalizada debilita a cualquier economía y sociedad, en vista de que sus instituciones son percibidas como poco o nada confiables, además de que no cumplen con sus funciones primigenias con el ciudadano, relacionadas con brindar servicios públicos de calidad. Tal como señala el FMI, esta situación provoca el deterioro de las normas sociales y socava las virtudes cívicas de la población en su conjunto.

Las acciones para combatirla y desincentivarla deben ser severas. El costo asociado a cometer actos de corrupción no debe limitarse a unos años de privación de la libertad o al pago de una reparación económica. Estamos hablando de personas que delinquen apropiándose de los recursos de todos los peruanos. Si bien no hablamos de acciones extremas como una pena de muerte, aplicada en mayo último en China, vendría bien aplicar efectivamente la “muerte civil” o inhabilitaciones permanentes para contratar con el Estado.

La corrupción no es un problema de Estado o de Empresa, sino de personas inescrupulosas que con su accionar atentan contra el bienestar de la ciudadanía.