La presidenta Dina Boluarte podría incurrir en los mismos delitos cometidos por el exdictador Alberto Fujimori. Según lo revelado por el segundo informe de Amnistía Internacional, publicado este jueves 18 de julio, durante el periodo de conflicto que suscitó su ascenso al poder, la jefa de Estado podría ser investigada como autora mediata de graves violaciones a derechos humanos.
El contundente informe precisa, en sus más de 80 páginas, la existencia de patrones intimidatorios por parte del Estado durante las marchas contra Dina Boluarte. Además, se ha precisado la presencia constante de la mandataria en al menos 29 reuniones de Consejo de Ministros, en las que nunca existió un pedido expreso de su parte para frenar las acciones de abuso perpetradas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
El informe, que gira en torno a un total de cinco puntos claves, los mandos policiales dieron órdenes con consecuencias letales, los mando militares causaron disparos contra personas indefensas, durante meses, la presidenta tuvo la oportunidad de detener las muertes y no lo hizo, los ministros no hicieron rendir cuentas a policías y militares; y que a pesar de los avances, la Fiscalía no ha investigado a fondo en la cadena de mando.
En la conferencia de prensa que conlleva la presentación de dicho informe, Madeleine Penman, de Amnistía internacional, alertó que la responsabilidad de Boluarte estuvo presente en todo momento durante los meses de conflicto social. Según el informe, en el que se obtuvieron las actas de Consejo de Ministros durante el periodo de las protestas, Boluarte tuvo la posibilidad de pedir el cambio de tácticas en 29 oportunidades, y simplemente, no lo hizo.
Otro detalle que resalta el documento es que en los planes operativos de la Policía Nacional, existieron dos claros hechos que propiciaron la comisión de crímenes de lesa humanidad. En primer lugar, el terruqueo constante propiciado por los mismos altos mandos sin pruebas fehacientes que acrediten la existencia de “fuerzas adversas”; y la permisividad para el uso de la fuerza letal. Ello, al advertir que en todos los planes operativos se veía a ciudadanos como “barreras humanas”.
Según lo advertido por Amnistía Internacional, “tanto el derecho peruano como el derecho internacional, son claros en decir que no hay que usar balas en manifestaciones. Pero en ese sentido, la policía ignoró toda lógica y los planes permiten el uso de grupos de fusileros”. “La misión expresa de todos los planes fue ‘retirar obstáculos’, pero también retirar ‘barreras humanas’, y para ese fin fueron proveídos los policías con armas largas”, se detalló tanto en la conferencia como en el informe.
Este informe termina por completar el registro del ciclo de abusos que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú habrían cometido en contra de 49 peruanos que fueron asesinados durante las marchas contra la jefa de Estado, así como contra más de 500 personas heridas grave y levemente producto de la represión policial.
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