El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, abordó nuevamente este martes la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte, quien está imputada por cohecho pasivo impropio (soborno) en el marco del llamado ‘Rolexgate’.
El premier, quien había calificado la acusación como “indebida e ilegal”, señaló ahora que se trata de una “persecución intolerable” del Ministerio Público. “Esto forma parte de lo que venimos denunciando hace semanas. La presidenta está siendo víctima de una persecución que tiene como base la Fiscalía”, señaló en una rueda de prensa.
“Es intolerable que, [...] habiéndose indicado los únicos cuatro supuestos en los que puede ser acusada la presidenta, en un exceso se mella la potestad de la señora presidenta, afectando el ejercicio de sus funciones. [...] debió archivarse [la investigación]”, siguió.
La denuncia constitucional es un procedimiento especial para altos funcionarios, como la presidenta, quien goza de inmunidad. Esta figura se utilizó por primera vez contra un gobernante en ejercicio durante el mandato de Pedro Castillo, lo que generó un debate jurídico sobre los límites establecidos por el artículo 117.
Villena también amplió la investigación contra Boluarte por hasta ocho meses, un plazo que, según su defensa, resulta irregular. “¿Qué han hecho? Han ampliado más esa investigación. Ante esto, la defensa ha ejercido correctamente un control de plazos, y la respuesta fue presentar una acusación constitucional. Esto es intolerable y confiamos en que el Poder Legislativo no va a dejar pasar este atropello”, cuestionó el premier sobre la medida.
En la misma rueda de prensa, el ministro de Justicia también manifestó su desacuerdo con la denuncia y deslizó la posibilidad de prevaricación por parte de Villena.
“Cuando un juez aplica una ley indebidamente o inaplica una ley indebidamente, prevarica. Cuando un alto funcionario, en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, está injuriando los parámetros y principios de esta. Este hecho vulnera el espíritu y los derechos de la institución presidencial y debe ser valorado en su oportunidad”, afirmó.
Según la denuncia, el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, entregó a la presidenta artículos de lujo, incluidos tres relojes Rolex y una pulsera con 94 brillantes, como contraprestación por emitir decretos que aumentaban las partidas presupuestarias de la región. La Fiscalía valoró las joyas en aproximadamente US$32,000 y las consideró “el cuerpo del delito”, al señalar que su aceptación constituye un “modus operandi” de abuso de función pública.
El Ministerio Público interpreta estas autorizaciones como evidencia del uso de poder en favor de Ayacucho. La Fiscalía sostiene que la gobernante tuvo un papel crucial en asegurar el presupuesto regional. El destape del caso la llevó a devolver los artículos de lujo y a mantener un silencio mediático constante.
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