
La polémica por la recepción de una pensión vitalicia tras haber asumido el cargo de presidente del Perú podría volverse un botín menos preciado para los exmandatarios. Ello, gracias a un nuevo proyecto de ley planteado por la bancada de Cambio Democrático, de manos de la congresista Isabel Cortez Aguirre, en el que se busca que la pensión vitalicia para los expresidentes se reduzca de los S/15.600, que les corresponde actualmente, a tan solo S/893 monto equivalente a lo que recibe cualquier ciudadano sujeto al sistema de pensiones ONP de la Ley 19990, en su máxima categoría de retribución.
Como se sabe, el tema de pensión vitalicia ha sido cuestionado en los últimos días, pues, desde exmandatarios cuestionados y con investigaciones encima, como Pedro Castillo; hasta procesados por delitos de corrupción y lesa humanidad como Alberto Fujimori, han visto en esta pensión otorgada por el estado como una manera de seguir beneficiándose, pese a que la norma estipula que no les corresponde.
El proyecto que busca poner la pensión de un político al igual que la de un ciudadano
Ahora, con esta propuesta de ley; la legisladora Cortez busca que los expresidentes de la República del Perú reciban una pensión equivalente a la pensión máxima otorgada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). A fin de que, si se les otorga un bono por servir al país, los exmandatarios lo hagan dando el ejemplo y viviendo en carne propia los bajos sueldos que el Ejecutivo otorga a sus pensionistas.

Ello, debido a que la propuesta también pone sobre la mesa la comparación entre las pensiones de los expresidentes y las pensiones regulares de los ciudadanos peruanos; quienes eligen contribuir al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) durante su vida laboral reciben pensiones mucho más bajas, financiadas por sus propios aportes mensuales y no del aporte de todos los peruanos, como lo son los más de 15 mil soles que se otorgan desde el congreso hacia los exgobernantes.
Este proyecto fue presentado el 24 de mayo de 2024 en el Congreso de la República del Perú y su objetivo principal es reformar la actual legislación que permite a los expresidentes recibir una pensión vitalicia. La ley 26519, aún vigente desde la administración de Alberto Fujimori, establece que los exjefes de Estado reciban una pensión equivalente al salario de un congresista en funciones, que asciende a S/ 15,600 mensuales. Además, incluye otros beneficios como un vehículo, vales de combustible y personal contratado, todo financiado con el presupuesto del Congreso.
Las pensiones como botín pese acusaciones constitucionales

Con esta iniciativa, Cambio Democrático busca modificar el artículo 1 de la ley 26519 para que la pensión de los expresidentes sea similar a la pensión máxima otorgada por la ONP. Según el proyecto, en caso de fallecimiento del exmandatario, la pensión se extendería al cónyuge y a los hijos menores de edad. También se prohíbe que cualquier otra norma o disposición administrativa establezca beneficios adicionales a los contemplados en la presente ley.
Esta propuesta surge en un contexto histórico donde el beneficio de la pensión vitalicia para expresidentes ha sido sujeto de varias modificaciones y controversias. Originalmente, la Constitución de 1979 otorgaba a los expresidentes el estatus de senadores vitalicios, lo cual incluía una pensión. Sin embargo, tras la eliminación del bicameralismo en la Constitución de 1993, este beneficio se suprimió, y se instauró la ley 26519.
El debate sobre la legitimidad y equidad de esta pensión ha sido constante. Por ejemplo, expresidentes como Martín Vizcarra y Pedro Castillo no perciben esta pensión debido a acusaciones constitucionales en su contra. En contraste, otros como Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski han recibido o siguen recibiendo estos beneficios, incluso con investigaciones fiscales pendientes.
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