Una mujer policía disparó contra un sujeto que intentó robarle su arma reglamentaria durante un operativo de tránsito en un distrito de Chiclayo, informó este miércoles el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular del portafolio detalló que la suboficial de tercera fue abordada por cuatro hombres que intentaron desarmarla y atentar contra su vida.
En “uso legítimo de la fuerza”, la policía disparó a uno de los atacantes, quien fue trasladado al hospital. “Se ha dispuesto de manera inmediata que la Defensoría del Policía se haga cargo de la defensa de esta efectivo, como también ocurrirá a partir de la fecha en actos o intervenciones policiales que se lleven a cabo dentro de la legalidad”, señaló.
Según un despacho de La República, la agente Fiorella Olivera se encontraba llevando un mototaxi intervenido al depósito municipal cuando observó que su colega, Leyda Castro, era víctima de un intento de robo. Olivera intervino de inmediato, disparó en defensa propia e hirió al agresor. El incidente quedó registrado en un video grabado por un transeúnte y posteriormente difundido en las redes oficiales de la Policía Nacional (PNP).
En la grabación se observa a las agentes reduciendo al sujeto, identificado como Jainer Nunton Benavidez (19). Tras el disparo, se le ve sentado en un jardín antes de ser esposado y retirado por un patrullero. Posteriormente, fue derivado al Hospital Regional de Lambayeque e ingresó por el servicio de emergencia.
Los defensores sostienen que los agentes deben estar capacitados y autorizados para tomar medidas contundentes cuando sus vidas o las de otros están en peligro. En contraste, los críticos indican que el uso de la fuerza debe ser un último recurso, temen que una política de respaldo incondicional pueda derivar en abusos y violaciones de derechos humanos.

Caso Elvis Miranda
En 2019, el suboficial Elvis Miranda fue alertado de un asalto a un transeúnte cometido por tres hombres en Piura y procedió a perseguirlos. Durante el enfrentamiento, uno de los asaltantes lo amenazó con un arma y Miranda, en defensa propia, le disparó.
Horas después del incidente, la familia del fallecido atacó la comisaría local y amenazó a los padres de Miranda. En 2020, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla ordenó siete meses de prisión preventiva en su contra.
Tras cinco años de batalla legal, el caso aún no se cierra. El Ministerio Público recientemente solicitó tres años de prisión efectiva para Miranda y una reparación civil de S/ 50 mil. El juicio oral está programado para septiembre de este año, cuando el Poder Judicial decidirá si Miranda deberá regresar a prisión.
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