Exabogado de Dina Boluarte pidió US$ 100 mil para eliminar investigación fiscal, según Bruno Pacheco

Bruno Pacheco, exsecretario presidencial durante el mandato de Pedro Castillo, testificó ante el Ministerio Público que, al cierre del 2021, un exabogado de Dina Boluarte le ofreció eliminar su implicación en una investigación fiscal a cambio de una asesoría valorada en 100 mil dólares, según información citada este martes en Canal N.

El ofrecimiento, de acuerdo con esta declaración, ocurrió durante una reunión con el letrado Óscar Nieves y el coronel en retiro Martín ‘Conejo’ Gonzales, exjefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y exviceministro de Orden Interno.

En rigor, el pedido final fue que el exsecretario intercediera ante Castillo para lograr la designación de ‘Conejo’ en un alto cargo, ya sea como ministro del Interior, viceministro o jefe de la Digimin, donde finalmente se desempeñó desde abril del 2022.

La Fiscalía investiga a Pacheco debido a la divulgación de conversaciones por WhatsApp, las cuales muestran que presionaba a Luis Vera Castillo, exsuperintendente de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para que perdonara deudas de empresarios amigos.

Sobre él pesan acusaciones muy graves y que, en su día, ya escandalizaron a la opinión pública. Durante el registro de su despacho en Palacio de Gobierno, la Fiscalía halló un sobre con 20.000 dólares en el baño privado.

Preguntado por el origen de ese dinero, el hombre de confianza de Castillo afirmó que era producto de sus ahorros y de su salario de 25.000 soles brutos mensuales que lleva ganando desde hace poco más de tres meses.

Renunció ese mismo día, poco después de que los comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea lo acusaran de presionar e interferir en los ascensos para favorecer a allegados del exgobernante, actualmente recluido por cargos de rebelión y corrupción.

Encarcelado

Durante su mandato de poco más de un año, la Fiscalía abrió seis investigaciones preliminares contra Castillo. En octubre de 2022, la entonces fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional acusándolo de encabezar una organización criminal dentro de su gobierno.

Desde esa fecha, se encuentra en prisión preventiva en el penal de Barbadillo, con una orden inicial de 18 meses, a la que se suma otra de 36 meses mientras continúan las investigaciones por su presunta participación en una red de corrupción en el Ejecutivo.