La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, sustentó este lunes 29 de abril el pedido de impedimento de salida del país por 36 meses en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La sustentación del requerimiento planteado por el Ministerio Público fue atendido por el Poder Judicial en una sesión programada para las 11:00 a.m.
El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, dedicó aproximadamente dos horas para escuchar a las partes y revisar la petición de restricción de viaje fuera del país para Patricia Benavides, quien enfrenta acusaciones por su presunta participación en una organización criminal.
Durante la audiencia, el fiscal Marcial Páucar presentó los argumentos que respaldan la solicitud, mientras que Benavides enfatizó la importancia del respeto al debido proceso y solicitó una investigación imparcial, libre de influencias políticas, ideológicas o mediáticas.
La solicitud para impedimento de salida del país, fue anunciada el pasado 24 de abril, en un comunicado revelado tras la filtración de un informe de la Fiscalía en la que se la sindica de una serie de delitos que incluyen: recibimiento de sobornos por direccionamiento de licitaciones, cambios estratégicos en el Ministerio Público para beneficiar a investigados del caso Cuellos Blancos y su hermana Enma Benavides, y coordinaciones para modificar informes ante la JNJ que la investigaba.
Tras escuchar los alegatos de las partes, el magistrado Juan Carlos Checkley dejó al voto su decisión, la que será notificada a los involucrados en el plazo de ley.
Fiscalía detalló evidencias que sugieren riesgo de fuga
Durante su intervención, el fiscal Marcial Páucar subrayó que Patricia Benavides está señalada como líder de una red criminal arraigada en su institución, y expresó preocupación sobre su disposición para someterse a la justicia. Se refirió a sus múltiples viajes al extranjero en los últimos años, resaltando la facilidad con la que ha salido del país, lo que aumentaría el riesgo de fuga.
Asimismo, mencionó que la madre del cónyuge de Benavides tiene nacionalidad chilena y que su esposo, también chileno, tiene vínculos con varias empresas, lo que podría facilitar su salida de Perú. Además, señaló que “Benavides no cuenta con empleo estable”, debido a su suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Páucar también reveló que, después de su suspensión, Benavides ha transferido parte de sus bienes a favor de sus hijas, lo que resulta llamativo. Advirtió que la supuesta organización criminal que lideraba continuó operando incluso después de que ella dejara su cargo en el Ministerio Público.
Citando a un testigo protegido, el fiscal mencionó que aún se estarían llevando a cabo “coordinaciones para obstaculizar testimonios o pruebas dirigidas a su contra”. Finalmente, Páucar señaló que Benavides enfrenta cargos con penas de hasta 15 años de prisión, las cuales podrían aumentar con las acusaciones acumuladas.
Nuevo testigo protegido revelado a un día del pedido de impedimento
Como si el escándalo por las varias acciones delictivas que se ciernen contra Benavides no fueran suficientes, en el transcurso del último domingo, se reveló también la existencia de un testigo protegido que ha declarado ante la fiscal suprema Delia Espinoza.
Sus declaraciones han señalado la existencia no solo de una serie presuntos acuerdos y ofrecimientos de hasta agentes de la Diviac implicados para blindar a Enma Benavides; sino también las coordinaciones mantenidas entre el fiscal Marco Huamán y el abogado de Dina Boluarte en el caso de las muertes en protestas.
Según el documento al que Infobae Perú pudo acceder, el testigo refirió también la existencia de una serie de coordinaciones entre el agente ‘topo’ de la Diviac, a cargo de Harvey Colchado, Jorge Rodríguez Menacho, había emitido informes hacia la Junta Nacional de Justicia, que la investigaba; que resultaban favorecedores para Patricia Benavides.
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