Arequipa será declarada en emergencia debido al alto índice de inseguridad ciudadana

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se reunió la tarde de este viernes 12 de abril con autoridades locales y regionales de Arequipa en Palacio de Gobierno; esto con el propósito de declarar el estado de emergencia en toda esta región del sur, debido al alto índice de inseguridad ciudadana.

En la reunión de trabajo, la mandataria coordinó las acciones que se desarrollarán durante el tiempo que dure esta medida. Cabe mencionar que en la reunión también estuvieron presentes las más altas autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía de la Ciudad Blanca.

Hace tan solo unos días, se informó que la declaratoria de emergencia se haría efectiva en la próxima sesión del Consejo de Ministros, del miércoles 17 de abril. Así lo informó el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, quien participó de las negociaciones, según detalló el medio arequipeño El Búho.

Emergencia busca combatir la criminalidad

El anuncio de esta decisión sigue a una serie de reuniones con las autoridades de Arequipa, incluyendo una crucial el pasado martes 9 de abril en el Palacio de Gobierno. Durante este encuentro, se discutieron estrategias y operativos para mejorar la seguridad en la región, además de la posible instalación de más infraestructura para la Policía Nacional. Este enfoque colectivo hacia la seguridad ha obtenido el respaldo de los burgomaestres de Arequipa, quienes han expresado su apoyo y disposición para colaborar en las medidas propuestas.

La medida de estado de emergencia ha surgido como parte de un esfuerzo continuo del gobierno para enfrentar desafíos de seguridad en el territorio peruano. Arequipa se une a regiones como Trujillo y Pataz, donde también se viene luchando contra la criminalidad.

Emergencia en Trujillo y Pataz

Este miércoles 10 de abril, Gustavo Adrianzén, jefe del Gabinete, comunicó la ampliación del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz, en La Libertad, además de Putumayo y Mariscal Castilla, en Loreto. La decisión surge tras un fin de semana marcado por el enfrentamiento violento entre trabajadores de la mina Poderosa y mineros ilegales, que resultó en la muerte de una persona y heridas a otras dos.

La situación en estas áreas se ha visto agravada por la presencia de organizaciones criminales, impulsadas por la crisis migratoria venezolana y el tráfico ilegal de armas. Según Adrianzén, “La criminalidad organizada está afectando seriamente la seguridad ciudadana”, motivo por el cual se ha optado por extender el estado de emergencia. En Trujillo, la violencia es particularmente alarmante, con casi una muerte diaria relacionada con el crimen, mientras que en Pataz operan al menos 20 bandas de minería aurífera ilegal.

Estas bandas no solo han atentado contra la vida de las personas, sino también contra la infraestructura del país, siendo responsables de la voladura de siete torres de alta tensión y varios ataques con dinamita contra compañías mineras legales y fuerzas del orden. A raíz de estas incidencias, el Gobierno había declarado inicialmente el estado de emergencia por 60 días a mediados de febrero, en un intento por controlar la extorsión y la minería ilegal que florecen en la región.

Además, la estrategia del Ejecutivo para enfrentar esta crisis incluye una novedad en la provincia de Pataz, donde el control del orden interno será asumido por la Policía Nacional (PNP) con apoyo de las Fuerzas Armadas. Adrianzén enfatizó en la necesidad de esta ampliación de la emergencia considerando el cambio sustancial en las actividades criminales, exacerbadas por factores externos como la migración y el tráfico de armas.