En un acto desesperado de supervivencia, una adolescente en Huaura defendió su vida y la de su hermana menor enfrentándose a un hombre que irrumpió en su hogar con intenciones de robo y violencia sexual. La joven, al ver que Percy Ramos Vega, de 40 años, amenazaba con agredir sexualmente a su familiar, logró tomar el arma del sujeto que se encontraba en la habitación y dispararle, resultando en su muerte.
El incidente, que tuvo lugar en la vivienda de las menores mientras sus padres se encontraban fuera de casa, es ahora objeto de una investigación por homicidio, a pesar de las circunstancias que podrían configurarse como legítima defensa.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Aurora, ha intervenido para asumir la defensa de las menores implicadas, destacando la relevancia de entender el contexto de violencia en el que se desenvolvió el suceso.
“Estamos realizando las acciones coordinadas con el Ministerio Público para que haga una correcta investigación, viendo todo el caso en conjunto”, afirmó Elizabeth Vásquez, abogada del programa. La legalidad en la acción de la adolescente se encuentra bajo escrutinio, pese a que la población en conjunto considera que el acto fue una reacción a un acto de agresión inminente.
“Considerar legítima defensa”
La abogada Vásquez subrayó la importancia de considerar la legítima defensa dentro del marco legal, apuntando que “Infracción a la ley penal, teniendo en cuenta de que ellas han sido víctimas también de un delito en flagrancia” refleja la complejidad del caso. Las víctimas, enfrentadas a una situación de extrema vulnerabilidad, se vieron forzadas a actuar ante la amenaza directa contra su integridad física y sexual.
El agresor, quien era conocido en la zona y tenía antecedentes judiciales y penales relacionados con robos y delitos contra la libertad sexual, había salido de prisión días antes del incidente. Esta información relevante acerca del perfil del atacante añade otra capa de comprensión sobre los peligros que enfrentaban las adolescentes en ese momento crítico. La presencia de un menor de 9 años, hermano de las víctimas, como testigo de los hechos, añade gravedad al impacto psicológico y emocional de la situación vivida.
La comunidad y las autoridades locales se encuentran en alerta ante este caso, que pone de relieve la cuestión de la seguridad en los hogares y la capacidad de las personas para defenderse en circunstancias de violencia extrema. El sustento legal para acciones de defensa personal, particularmente en contextos donde la violencia de género se manifiesta con consecuencias potencialmente mortales, emerge como tema crítico de debate y análisis.
MIMP se pronuncia
Mientras el caso sigue bajo investigación, los ojos de la justicia, la sociedad civil, y los organismos de protección a las mujeres y menores se centran en las conclusiones y las medidas que se tomarán. Así, por ejemplo, tras el hecho, el MIMP emitió un comunicado a través de sus redes sociales.
La necesidad de una investigación exhaustiva que contemple los distintos elementos involucrados, desde el historial del agresor hasta las circunstancias de legítima defensa, dictará los pasos a seguir en un caso que ya ha capturado la atención pública por la controversia y dolor que encierra.
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