Los intentos desde el Congreso para favorecer a la minería ilegal no se detienen. Ahora, el congresista Segundo Quiroz, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, ha presentado el proyecto de Ley 07462/2023-CR, que busca extender el período para la formalización de actividades mineras hasta el año 2027.
De acuerdo a organizaciones en materia ambiental, entre ellos el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), dicha medida prolongaría el ciclo de impunidad en el que se encuentra la economía ilegal más grande del país.
La propuesta fue oficialmente presentada el pasado martes, 3 de abril, y representaría un retroceso frente al Decreto Legislativo N° 1293 instaurado en 2017, que marcó como interés nacional la regularización de la Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE), fijando un plazo límite hasta diciembre de 2024 para su formalización completa.
No hay control en el sector, advierten
De acuerdo al Observatorio de Minería Ilegal (OMI), esta situación subraya la necesidad urgente de regulación y control en el sector.
Esto debido a que, pese a los esfuerzos previos por regularizar la minería artesanal y a pequeña escala, las sucesivas prórrogas y modificaciones al régimen de formalización han permitido que la minería informal perdure.
Como resultado, hoy en día, muchas actividades mineras podrían continuar desarrollándose al margen de la ley, eludiendo la supervisión y posiblemente generando consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para las comunidades que viven cerca a estas operaciones, entre ellas indígenas.
Malos antecedentes
En el marco de la iniciativa legislativa presentada por el congresista Quiroz, cabe recordar que, actualmente, existen otras propuestas en curso que podrían seguir permitiendo impunidad a mineros ilegales.
Entre ellas, los proyectos de 2172, 2519, 3621 y 5171 que buscan modificar las condiciones de acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y establecer un nuevo período de inscripción de 90 días. Estas medidas, según el OMI, podrían permitir que operadores ilegales se registren como informales, evitando sanciones.
Además, recientemente, el Congreso aprobó la derogatoria de la Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1607, cuyo objetivo era ayudar a combatir la minería ilegal en el país.
Reinfo en situación cada vez más grave
En cuanto al estado actual del Reinfo, se reportan un total de 86 mil 934 inscripciones, de las cuales solo el 25% se encuentran activas.
Mientras que el restante 75% ha sido suspendido debido al incumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa vigente, colocando en evidencia los retos persistentes en la regulación y supervisión de las actividades mineras en el Perú.
Ante ello, el OMI sugiere que es crucial que cualquier esfuerzo por formalizar este sector se realice con total transparencia y garantizando que no se facilite la impunidad para aquellos que violan la ley. Pues, la minería ilegal atenta contra la biodiversidad y la salud de la población, además de obstaculizar el desarrollo económico y social del país.
En ese sentido, la sociedad civil y diversas organizaciones, incluidas la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO) y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), han hecho un llamado al Gobierno y el Congreso, exhortando a una reforma que asegure un verdadero control y supervisión de la industria minera, y que garantice la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.
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