La Municipalidad de Lurín procedió a demoler la piscina que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, construyó ilegalmente en su vivienda invadiendo la vía pública de la playa Arica. La comuna ejecutó la orden de derribo en horas de la mañana de este viernes 22 de marzo.
A finales de febrero de este año, Panorama captó a Villarán disfrutando del verano en su piscina, mientras que su proceso penal por haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht y OAS avanza lentamente. La misma alcaldesa admitió el hecho.
El gerente de Fiscalización de Lurín, Edgar Belleza, precisó que la demolición fue notificada a la exalcaldesa, así como a los otros propietarios que invadieron la vía pública, para que liberen de manera voluntaria el espacio invadido.
El funcionario precisó que alrededor de 16 propietarios, incluida la familia de Susana Villarán, ocuparon ilegalmente la vía pública. El espacio recuperado, según el gerente de Fiscalización, es de aproximadamente 2 cuadras.
Además de la demolición, la Municipalidad de Lurín multó a la exalcaldesa con dos multas: 41.200 soles por construcciones antirreglamentaria y 10.300 soles por construir en la vía pública.
PJ sanciona a Susana Villarán
El Poder Judicial apercibió a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por no cumplir con uno de los requisitos impuestos en su actual condición de comparecencia con restricciones. La falta en cuestión fue la ausencia de Villarán en el control biométrico correspondiente al mes de noviembre de 2023, una medida que había sido establecida cada 15 días desde julio de 2022. Esta solicitud fue presentada ante el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien desarrolló la audiencia de apercibimiento para el 14 de marzo.
Antecedentes relevantes a este caso, señalan que Villarán de la Puente enfrenta acusaciones por delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos, vinculados a los presuntos aportes ilícitos de las empresas OAS y Odebrecht a la campaña del No a la revocatoria de su mandato como alcaldesa. Inicialmente, en este proceso se le había dictado una medida de 24 meses de prisión preventiva, la cual fue reemplazada por arresto domiciliario en 2020 debido a riesgos de salud vinculados a la pandemia de COVID-19, considerando a Villarán como parte de la población vulnerable.
Ahora que Chávez Tamariz decida aceptar el requerimiento del Ministerio Público, se procedió a emitir una advertencia directa hacia Susana Villarán para asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas en su régimen de comparecencia con restricciones. La continuidad de incumplimientos podría llevar a la Fiscalía a solicitar una revisión de estas medidas, considerando la posibilidad de reemplazarlas por una orden de prisión preventiva.
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