La inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la administración de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, hasta el momento el resultado de las estrategias del gobierno no han sido alentadores. Para el extitular del Ministerio del Interior, Mariano González, esto es producto de las personas al frente del Ejecutivo.
Según González, actualmente existe “una ausencia de liderazgo total en el Gobierno”. También hizo referencia a las situaciones actuales no solo de la presidenta Boluarte, sino también al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y a la gestión del Ministerio del Interior a cargo de Víctor Torres.
“Tenemos a una presidenta preocupada en atender denuncias (...), a un premier que aún no termina de conocer a su gabinete, y a un ministro del Interior que es prácticamente un inútil y no tiene ninguna capacidad para dirigir el sector. Lamentablemente, estamos frente a una situación no solo de desesperanza respecto a la inseguridad, sino también de falta de norte, de por lo menos tener una mínima idea de lo que hay que hacer”, indicó.
Prisión preventiva inmediata para combatir la delincuencia
Hace unos días el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, indicó públicamente que es necesario un cambio en la ley del Perú para que la prisión preventiva sea automática en casos específicos como en el de crimen organizado. Esto debido a que el Poder Judicial decidió liberar al delincuente conocido como ‘Maldito Frank’, acusado de asesinato y secuestro, pese a que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en su contra.
En ese sentido, el extitular del Mininter, indicó al programa ‘2024′ que “la prisión preventiva podría ser inmediata o en su defecto tener más tiempo de investigación y que (los criminales) sean detenidos por 30 días o más” para que se evite este tipo de situaciones en las que un criminal peligroso pueda obtener su libertad luego de ser capturado por la Policía Nacional.
Las modificaciones, según comentó González, “son necesarias y también tiene que ver mucho con la ausencia de la capacidad del Gobierno para conducir las políticas de seguridad, pero hay otro problema gravísimo, que es el de la calidad de los jueces y fiscales”.
En particular, la forma actual con la que se nombra a los jueces y fiscales provisionales es considerada como un problema para González, quien considera que estos profesionales “son nombrados a dedo por quienes ejercen durante determinado periodo el poder en el Poder Judicial y en el Ministerio Público y no necesariamente personas que han hecho una carrera dentro de las instituciones”.
El extitular del ministerio del Interior, también indicó que coincide con el general Arriola en que “se necesitan medidas como esta o similares para evitar que delincuentes se puedan escapar y evitar que jueces y fiscales estropeen el trabajo que hace la Policía (...)”.
También aseguró que pese a que se captura a los criminales, las decisiones que se toman en el Poder Judicial y la Fiscalía pueden tomar “decisiones judiciales que le hacen daño a nuestra sociedad” pues le devuelven la libertad a los criminales que se busca combatir.
“El Ejecutivo debe tomar las riendas de esto, pero yo creo que vamos a tener que esperar a un próximo gobierno. Creo que la situación para el Gobierno de la presidenta Boluarte es muy delicada”, afirmó el exministro
Piden inhabilitar a jueces y fiscales que liberen criminales
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, se mostró muy en contra de los funcionarios que toman la decisión de liberar criminales y llegó a solicitar al Congreso que se apruebe una ley que permita la inhabilitación ‘para siempre’ a quienes tomen esta medida de forma irregular para favorecer a los delincuentes.
“Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de criminales). Tiene que haber una figura penal que inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país”, indicó.
El magistrado también hizo referencia a la encuesta de Datum en la que se revela el alto nivel de desconfianza de la ciudadanía contra el Poder Judicial. Admitió que este es el tipo de decisiones que motivan esta falta de confianza contra los funcionarios.
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