Remoción de la JNJ: intereses y riesgos detrás del desesperado plan del Congreso de destituir a la Junta Nacional de Justicia

Desde mediados de diciembre, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, evidenció su interés particular por remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo organismo de la Judicatura. Su intención ha sido tan marcada que, al negarse el debate parlamentario, impulsó una moción de censura contra el titular de la institución, Alejandro Soto. Pese a las distintas advertencias sobre los peligros detrás de materializarse la salida de los magistrados, el almirante retirado no ha claudicado en su misión.

Uno de los últimos documentos remitidos al aún presidente del Poder Legislativo, al que accedió Infobae Perú, solicitó convocar “a la brevedad posible” al Consejo Directivo del Congreso, con la finalidad de fijar la hora, fecha y reglas a ser aplicadas para el debate del Informe Final de la Denuncia Constitucional 373, aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 26 de febrero.

Con gran premura, su pedido obtuvo luz verde y fue incluida la denuncia que formuló el vocero celeste contra Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, integrantes de la JNJ, para acordar o no la inclusión de este informe en el próximo pleno, programado para el mismo día.

La solicitud fue admitida, pese a que en Junta de Portavoces se propuso que el informe sea visto en el Pleno del jueves 7 de marzo, para dedicar el de este viernes a la admisión de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte y la interpelación al ministro de Justicia, Eduardo Arana.

De aprobarse la inclusión de este punto para la sesión del viernes 1 de marzo, la ratificación de la inhabilitación requiere el voto de dos tercios del total de parlamentarios (130), sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. Es decir, se requiere el voto mínimo de 66 legisladores.

¿Cuáles son los intereses detrás del pedido desesperado de RP?

Dado que la institución a la que se busca golpear es la encargada de ratificar la permanencia de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el principal interés se encuentra en la salida de los actuales presidentes, quienes fueron cuestionados por un sector político por el resultado de las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo.

Ante la muy probable candidatura del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien abandonaría la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para ostentar la presidencia del país, el cambio de Jorge Luis Salas Arenas, Piero Corvetto y Carmen Velarde, respectivamente, es una oportunidad para conseguir aliados.

El respaldo de Fuerza Popular tampoco es gratuito, pues fueron los grandes derrotados en los anteriores comicios y, al considerar los antecedentes, todo apunta a que buscarían participar nuevamente.

El abogado David Lovatón, experto en derecho constitucional, califica esta maniobra como un “golpe congresal” que buscaría blindar deliberadamente a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Lovatón trajo a colación la destitución ocasionada por el Parlamento de 1997 contra tres miembros del Tribunal Constitucional que votaron contra la pretensión de Alberto Fujimori de presentarse a un tercer mandato presidencial, una movida que fue considerada como un atentado contra la democracia y un intento de perpetuar en el poder al exdictador.

“Desde entonces, nunca se había visto una situación como la que estamos enfrentando ahora [...] Es claro que el objetivo es hacer abortar los procesos disciplinarios que tiene la exfiscal [Benavides] y que retorne al Ministerio Público. Está claro que ella es cómplice de los congresistas que quieren descabezar la Junta. Para mí, la lectura es destituir a Inés [Tello] para que retorne Patricia [Benavides]”, mencionó.

El informe aprobado por la Comisión Permanente fue sustentado por el congresista Esdras Medina, a partir de una denuncia constitucional del legislador derechista Jorge Montoya contra los juristas por haber permitido que Tello siga en funciones, aun cuando superó el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.

El constitucionalista recalca que esta “controversia jurídica jamás puede constituir una infracción” a la carta magna. “Es claro que lo de la edad es un pretexto para la mayoría congresal, pues el objetivo clarísimo es tumbarse a la JNJ, de manera que los que ingresen, los suplentes, no van a hacer quórum —de siete que nombraron, tres ya cumplieron 75 años—entonces solo entrarían cuatro. Con cuatro no hacen quórum para destituir a Benavides, ya que hacen falta cinco votos”, anotó.

Perú al nivel de Guatemala

Para el también docente de derecho de la PUCP, la crisis peruana es afín a la que vive Guatemala, cuya fiscal general, Consuelo Porras, es señalada internacionalmente por intentar obstaculizar la investidura del presidente Bernardo Arévalo de León.

Porras y la cúpula del Ministerio Público guatemalteco se encuentran sancionados por los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) al considerar que sus acciones contra la victoria electoral de Arévalo de León atentan contra la democracia del país centroamericano.

¿Cómo se sale de este embrollo político? El constitucionalista destaca que “la llave la sigue teniendo Boluarte con un adelanto electoral o una renuncia”, un panorama improbable después de que Alberto Fujimori expusiera un “acuerdo” congresal para que la mandataria se quede en el sillón presidencial hasta 2026.