Los wampis: primer gobierno autónomo indígena de Perú denuncia ataque masivo de minería ilegal

La Nación Wampis —el primer gobierno autónomo indígena del país— exige a las autoridades del Gobierno acciones inmediatas para detener la creciente invasión de mineros ilegales en su territorio, entre el sur de Ecuador y el norte del Perú, una zona de frontera que actualmente enfrenta un serio caos social.

El pueblo indígena, ubicado mayoritariamente en el departamento de Amazonas, específicamente en la provincia de Condorcanqui, alerta que más de 25 dragas, maquinaria prohibida utilizada en la minería ilegal, han sido instaladas en la cuenca del río Santiago, afluente que cruza con el río Morona, ambos vitales para su subsistencia.

Dicha acción habría sido puesta en marcha por un funcionario del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), organismo dependiente del Ministerio del Ambiente (Minam), generando una alerta en las comunidades nativas.

7 patrones mineros ilegales detenidos por la nación wampis

El 16 de febrero, comuneros y comuneras wampis detuvieron la operación de siete dragas en la comunidad nativa Villa Gonzalo, situada en la cuenca del río Santiago —conocido como Kanús—, evidenciando una notable ausencia de presencia estatal en el área.

Los operadores de dichas dragas fueron retenidos en un calabozo comunal; sin embargo, al día de hoy, si bien continúan detenidos, estos podrían ser soltados por las autoridades indígenas por temor a represalias, según confirmó Infobae Perú.

Además, este hecho tiene lugar en un contexto de aumento de actividades mineras ilícitas en la región amazónica, con informes recientes que advierten sobre el desembarco de cinco dragas adicionales en el sector Onanga.

En este punto, cercano a la frontera con Ecuador, se ha detectado la presencia de aproximadamente 50 mineros ilegales armados, de nacionalidades colombiana, venezolana y brasileña, los cuales son acusados de retener a los miembros de comunidad nativa de Onanga, impidiendo su libre tránsito y generando un clima de miedo y amenaza constante.

También, durante la noche, se ha reportado el paso inadvertido de múltiples dragas hacia la parte alta del río Santiago, lo que podría indicar que las operaciones mineras ilegales están evadiendo sin problema los controles establecidos por la Nación Wampis.

Funcionario del Sernanp estaría involucrado, afirman wampis

En el marco de este conflicto, el Sernanp —entidad encargada de asegurar la conservación de las Áreas Naturales Protegidas del país— enfrenta severas críticas tras reubicar a Víctor Juep Bakuants, funcionario acusado de fomentar la explotación minera ilegal dentro de la Reserva Comunal Chayu Nain, a una nueva posición en la Reserva Comunal Machiguenga.

Esta acción ha generado una profunda indignación en el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), ya que aseguran que Bakuants, lejos de ser removido de su cargo, ahora tiene nuevas responsabilidades en otra zona protegida. Esto a pesar de que su perfil es señalado por instaurar operaciones mineras sin permiso en áreas protegidas.

Dicho panorama ha alarmado al GTANW y otros defensores indígenas, dada la vulnerabilidad de estas zonas a actividades ilícitas, tales como el narcotráfico.

Además, el descontento se intensifica con el nombramiento de Jessica Tsmajain Lirio como sucesora de Bakuants en Reserva Comunal Chayu Nain, quien, según los wampis, también presenta un historial cuestionable presuntamente vinculado a la minería ilegal.

Denuncian falso ambientalismo por parte del Sernanp

De acuerdo a la nación Wampis, los recientes hechos suscitados ponen sobre la mesa un conflicto entre las prácticas del Sernanp y su mandato de proteger la biodiversidad, así como los territorios indígenas.

Por ello, ante el estado de alerta actual, el pueblo indígena no descarta llevar el caso a plataformas internacionales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, para exponer lo que describen como el “falso ambientalismo” del Estado peruano.

Asimismo, la tensión entre la administración de áreas protegidas y los derechos de las comunidades indígenas, en un contexto donde el respeto por el medio ambiente y los pueblos originarios debería ser prioritario.