El último miércoles 31 de enero, la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura en el Cusco recibió a un equipo de Fiscales acompañados de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP); a fin de que se realicen diligencias previas en dicha sede luego de que se denunciara una presunta red de corrupción de venta de entrada de boletos al mercado negro en Machu Picchu. Hecho contó con la participación de la titular de dicha institución, Leslie Urteaga.
Como se sabe, este hecho fue inicialmente advertido por la ministra de Cultura, quien en una entrevista para un medio de comunicación afirmó que existían informes de Contraloría que señalaban la presunta existencia de hechos de corrupción dentro de la plataforma que generaban un desbalance y perdida entre 70 mil y 80 mil entradas que no estaban debidamente registradas.
Esta narrativa fue planteada por Urteaga a fin de respaldar la decisión adoptada inicialmente por el Gobierno para justificar el contrato directo otorgado a Joinnus que fue cuestionado por la población en Machu Picchu y que posteriormente fue cancelado por el Ejecutivo, tras una semana de protestas.
Según la ministra de Cultura, la institución que representa había estado recibiendo informes de la Contraloría sobre que habría una vulneración a este sistema, a la página web o a la base datos, en todo caso, al sistema que se manejaba”. En sus acusaciones, Urteaga señalaba que estos actos de corrupción tenían relación con funcionarios dentro de la institución.
¿Cómo funcionarían los hechos de corrupción en la venta de entradas?
“El sistema permitía tener como un módulo paralelo para vender boletos. Eso nos da qué pensar, obviamente, tendrán que seguirse las investigaciones, como dice la Contraloría; e iniciar las responsabilidades penales y administrativas”, afirmó la funcionaria.
Como consecuencia, de este hecho, la mañana del miércoles, la Fiscalía de la Nación afirmó, a través de las redes sociales, que el principal motivo de su intervención era “recabar información sobre el presunto uso de máquinas, ambientes y personal de dicha entidad para la venta de boletos turísticos de ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu”.
Las pesquisas se desarrollaron en conjunto con los agentes de la Policía Anticorrupción de Cusco, que intervinieron en las diligencias en compañía de la ministra Leslie Urteaga y del gobernador regional de dicha provincia, Werner Salcedo. Ambas autoridades participaron en calidad de veedores del proceso de investigación y se retiraron de la sede del Ministerio de Cultura sin emitir declaración alguna respecto a la prensa.
Según los cálculos de la misma Urteaga, en declaraciones previas sobre la situación, los presuntos hechos de corrupción suponen “una pérdida de recursos de aproximadamente entre 70 mil y 80 mil personas que no están contando realmente”. “Si fuera esto así, sería de 7 millones y medio al año, aproximadamente. Tendrá que investigarse, tendrá que verse, pero además, y lo más importante para el Ministerio de Cultura es que nosotros tenemos que cubrir la capacidad de atención”.
Acuerdo final descarta contrato con Joinnus
Tras varios días de manifestaciones en Cusco contra la comercialización online de entradas a Machu Picchu a través de la firma Joinnus, las autoridades acordaron firmar la “Declaración de Machu Picchu”. Este documento acuerda la finalización anticipada del convenio con la empresa mencionada y confirma la continuación de la venta directa de 1000 entradas diarias en Machu Picchu Pueblo para visitar el recinto arqueológico.
El acuerdo fue confirmado por la misma ministra de Cultura, quien también anunció el levantamiento del paro; además del resto de medidas de lucha desplegadas por la ciudadanía cusqueña. Estas acciones tienen como objetivo mejorar la experiencia de los turistas y asegurar el acceso a uno de los atractivos turísticos más importantes en el país.
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