
El Papa Francisco mencionó al Perú este lunes durante un discurso de comienzos de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, a quienes invocó al diálogo como “alma de la comunidad internacional” y resaltó el daño que genera el deterioro de democracia, principalmente, en el continente americano.
“Pienso en las numerosas crisis políticas en diversos países [de la región], con su carga de tensiones y formas de violencia que agudizan los conflictos sociales. Pienso especialmente en lo que sucedió recientemente en Perú y, en estas últimas horas, en Brasil, y en la preocupante situación en Haití, donde finalmente se están dando algunos pasos para afrontar la crisis política que existe desde hace tiempo”, dijo casi al final de su alocución, según la traducción difundida en la web de la Santa Sede.
“Siempre es necesario superar las lógicas sesgadas y esforzarse por la edificación del bien común”, matizó después de señalar que la construcción de la paz solo “es posible si en cada comunidad no prevalece la cultura del abuso y la agresión, que lleva a mirar al prójimo como a un enemigo al que combatir más que a un hermano al que acoger y abrazar”.

“Además, sigo con atención la situación en el Líbano, donde todavía se aguarda la elección del nuevo presidente, y espero que todos los actores políticos se comprometan para que el país pueda recuperarse de la dramática situación económica y social en la que se encuentra”, señaló al término del acápite.
Los estados que actualmente tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede son 184, a los que hay que añadir la Unión Europea y la Orden Soberana y Militar de Malta. El representante del Perú es el embajador Jorge Román Morey, quien presentó sus cartas credenciales al pontífice en noviembre de 2021.
Desde que empezó su mandato, la mandataria ha enfrentado protestas que pedían su dimisión, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales, una crisis que dejó medio centenar de muertos por enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.

La misma semana en que Boluarte emitió esas declaraciones, tres eurodiputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea que visitaron Perú calificaron la respuesta gubernamental como una “represión desmedida”, y pidieron una “negociación política” para dar solución al conflicto.
A fines de 2023, el Parlamento aprobó iniciar una investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a quienes busca destituir en una acción que provocó el rechazo del sistema de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y propios integrantes del Ejecutivo.
El Legislativo también instaló una propuesta para destituir a los juristas por haber suspendido como fiscal de la Nación, y durante seis meses, a Patricia Benavides, acusada de liderar una red de tráfico de influencias en el Ministerio Público, de la que presuntamente se beneficiaron parlamentarios.
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