El expremier aprista y actual abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo exige al Poder Judicial esperar que el Congreso de la República autorice la investigación en su contra por presunta asociación ilícita para delinquir y lavado de activos por los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña electoral del 2006 de Alan García.
Específicamente, Del Castillo, a través de su abogado y exministro aprista Aurelio Pastor, pide al juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, anular la resolución fiscal que formalizó la investigación preparatoria en su contra —así como de Mauricio Mulder, Hernán Garrido Lecca, Javier Velásquez Quesquén, Luciana León, Luis Alva Castro, entre otros dirigentes apristas— y se remita el expediente al despacho del fiscal de la Nación.
Pastor sostiene que se debe respetar la prerrogativa de antejuicio político del expremier aprista. Es decir, que el fiscal de la Nación formule, en caso así lo decida, denuncia constitucional ante el Congreso para que este decida si acusa o archiva el caso.
“Se aplica el artículo 99 de la Constitución y este nos manda al derecho que él tiene a ser investigado en instancia suprema porque tendría derecho a un antejuicio por estos delitos de función. No estamos invocando inmunidad, no estamos invocando inviolabilidad. Estamos invocando derecho a antejuicio, que es lo que le corresponde al doctor Jorge del Castillo. Él fue parlamentario hasta el año 2019, eso es de público conocimiento, por lo tanto, estamos todavía dentro del plazo de 5 años señalado en la Constitución”, argumentó el exministro de Justicia de Alan García.
Aurelio Pastor negó que se esté en contra de que se lleve a cabo la investigación, sino que pide esta “se realice por la instancia a la que le corresponde conforme con la constitución y a la ley”.
“Acá no hay una imputación al ciudadano Jorge del Castillo. Hay una imputación al congresista Jorge del Castillo por las labores que realiza como congresista de la República”, reiteró.
No obstante, la fiscal Nathali Villasante Arroyo, del Equipo Especial Lava Jato, aseguró que el Ministerio Público no investiga al exparlamentario por hechos relacionados a su función congresal, sino por delitos comunes vinculados a la campaña electoral de 2006, antes de que sea electo legislador.
Villasante precisó que, si se tratara de presuntos delitos vinculados a su función parlamentaria, se estaría hablando de las megaobras — como el Metro de Lima o el Proyecto Olmos. Estos proyectos vienen siendo investigados en otras carpetas fiscales.
Competencia
En otro punto del debate, Aurelio Pastor indicó que, así se traten de delitos comunes, Jorge del Castillo debería ser procesado en la instancia suprema y no en la instancia penal ordinaria. Fundamenta su argumento en el artículo 452 del Código Procesal Penal, que establece que los delitos comunes “durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia de la República”.
La fiscal Villasante rechazó este argumento y recordó que el artículo 452 del Código Procesal Penal fue modificado en 2021 con la Ley que elimina la inmunidad parlamentaria y que los hechos imputados se cometieron antes de dicha reforma. Es decir, sostiene que se debe aplicar la antigua redacción del referido artículo, que establecía que la prerrogativa de antejuicio solo se extendía “hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.
Barata ratificó aportes al APRA
Durante el juicio oral por el caso Metro de Lima, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ratificó que la empresa brasileña realizó aportes a las campañas de diferentes políticos, incluida la de Alan García.
Si bien en una declaración ante el Equipo Especial reconoció que Odebrecht ingresó 200 mil dólares a la campaña aprista, en esta oportunidad no recordó con exactitud la cifra.
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