Economías ilegales y recursos naturales: La política como problema y solución

La violencia y la devastación ambiental, vinculadas a las economías ilegales basadas en nuestros recursos naturales, ofrecen una imagen desoladora. La trágica pérdida de Quinto Inuma, líder indígena Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, destaca la brutalidad que enfrentan los defensores del medio ambiente en la Amazonia Peruana. Este lamentable hecho se suma a una alarmante lista de 51 defensores asesinados en la última década. Sin embargo, la violencia ya no se limita a las comunidades rurales e indígenas. El ataque a la mina Poderosa en Pataz, donde perdieron la vida 9 personas, evidencia la creciente intervención del crimen organizado en la minería ilegal, extendida actualmente a cinco regiones del país. Adicionalmente, este problema se presenta en gran parte de nuestros bosques, siendo que al menos el 60 % de la madera inspeccionada en Loreto y Ucayali tiene un origen ilegal.

A pesar de que en el Perú existen normas modernizadas para combatir estos crímenes, la limitada seguridad policial agrava las situaciones, exponiendo aún más a quienes se oponen a estas actividades ilegales. No obstante, la garantía de seguridad en contextos rurales y amazónicos difiere de la urbana, complicando su efectividad. Si bien fortalecer la seguridad policial es esencial, no es suficiente; el problema es complejo y requiere un enfoque sistémico.

Las economías ilegales entrelazan a actores criminales y legales, creando un sistema de legitimación para lavar ingresos y acumular capital que financia su expansión. Por ejemplo, las empresas legales de recolección de oro o palma aceitera no rastrean la procedencia de los productos. En el caso de la palma, estudios en Ucayali indican que quienes recolectan legalmente estuvieron implicados en la deforestación y el tráfico de tierras para su cultivo.

Además, estas economías ilegales están arraigadas en redes de corrupción y colusión entre poderes económicos regionales y autoridades subnacionales y nacionales, dificultando su erradicación. Tras la destitución de una autoridad implicada, la red rápidamente la reemplaza con otra con fines similares, lo mismo sucede con las bandas criminales usadas como fuerza en sus operaciones; al ser desmanteladas, se reorganizan con los mismos objetivos, perpetuando un ciclo vicioso. Varios políticos están implicados en actividades ilegales como minería, tala y tráfico de tierras, financiados mediante sobornos o financiamiento para campañas electorales. El Perú no ha logrado implementar una  regulación y supervisión efectiva del financiamiento de las campañas electorales, lo que ha permitido el uso continuo de fondos irregulares provenientes de economías ilícitas.

El Estado peruano también ha fracasado en implementar una política de titulación efectiva, dando prioridad a la titulación individual sobre la colectiva, dejando desprotegidas a las comunidades indígenas. Los certificados de posesión otorgados a agricultores migrantes o concensiones maderables, sin procedimientos adecuados, incluso en territorios indígenas con problemas de titulación, generan problemas y amenazas, incluso casos de asesinato como el de Quinto Inuma.

En realidad, las redes de colusión asociadas a estas economías ilegales dependen del respaldo social arraigado en prácticas predatorias habituales en la Amazonia. Estas redes refuerzan la idea de la Amazonia como una frontera agrícola y productiva para obtener apoyo social. Esta estrategia sigue movilizando exitosamente a campesinos hacia la Amazonia para actividades agrícolas, a pesar de las repercusiones negativas, como sobornos, conflictos o creciente violencia.

Para abordar esta compleja problemática, es crucial implementar medidas integrales que vayan más allá de señalar a actores individuales. Es prioritario impulsar reformas sistémicas que atiendan la corrupción institucional, fortalezcan la seguridad policial, regulen y supervisen eficazmente el financiamiento electoral, garanticen la seguridad territorial y fomenten alternativas económicas sostenibles. Únicamente con un enfoque colectivo y acciones coordinadas, considerando la interrelación entre lo legal e ilegal, podremos hacer frente de manera eficaz a estas amenazas que comprometen el futuro del país.