La situación de la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se podría complicar más tras la revelación de que habría encarpetado un informe clave sobre el caso ‘Los Niños’, donde se indaga los vínculos entre un grupo de legisladores del partido Acción Popular con el gobierno del expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo debido al fallido autogolpe de Estado de aproximadamente hace un año.
El programa ‘Beto a Saber’ informó ayer que la titular del Ministerio Público recibió el 6 de diciembre del 2022 un reporte de Marita Barreto, quien recientemente fue separada del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICOP), en el que se le indicaba que debía solicitar una detención preliminar por 10 días y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de seis parlamentarios.
Los ‘padres de la patria’ a los que Barreto se refería eran Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Wilson Soto e Hilda Portero (Acción Popular). De igual manera, las medidas alcanzaban a Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Democrático) y Francis Paredes (Podemos). El requerimiento de la fiscal superior hacia Benavides había seguido una cronología de fechas.
El 5 de diciembre del año pasado, el coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), le envió un oficio al fiscal provincial Jorge García Juárez, integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con el fin de que disponga la captura inmediata de Espinoza, Flores Ancachi, Soto, Portero, Ugarte y Paredes.
Tras ello, García Juárez derivó un día después el documento de Colchado a Marita Barreto. La fiscal superior remitió lo solicitado por el funcionario de su equipo a Benavides, quien no habría tomado medidas al respecto.
Coincidentemente, los citados parlamentarios aparecen en cuadros que Jaime Villanueva, detenido asesor de Benavides por el caso ‘La fiscal y su cúpula del poder’, elaboró como parte de su estrategía para tejer una red de corrupción que iba a servir para aprobar decisiones controversiales como inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, elegir a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, y remover a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Los nombres de Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi se registran en el apartado ‘Niños 1′. Ellos siguen en calidad de investigados por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de tráfico de influencias.
Situación muy diferente con Wilson Soto, Hilda Portero, Katy Ugarte y Francis Paredes, quienes estaban comprendidas en el grupo de ‘Niños 2′. En junio pasado es que se conoció que la fiscal Patricia Benavides decidió mandar al archivo la indagación contra 40 legisladores que fueron señalados de recibir pagos para votar en contra de la interpelación del entonces ministro de Transportes, Juan Silva. En el lista estaban Soto, Portero, Ugarte y Paredes.
Hay que precisar que si la Fiscalía solicitaba la detención preliminar de los seis congresistas mencionados en esta nota, lo podría hacer según el artículo 16 del reglamento del Legislativo. Allí dice textualmente lo siguiente: “Los congresistas de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de delitos comunes presuntamente cometidos durante el periodo de vigencia del mandato representativo para el que fueron elegidos”.
Funcionarios de Produce
Sin embargo, los mencionados congresistas no eran los únicos a quienes se les solicitó la detención preliminar porque también comprendía a funcionarios del Ministerio de la Producción.
Uno de ellos es Raúl Pérez Reyes, quien se desempeñó como director general de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto que estaba adscrito al Viceministerio de Pesca y Acuicultura de Produce. El 10 de junio del 2022 presentó su renuncia ante la cartera dirigida por el entonces ministro Jorge Prado Palomino.
Cabe recordar que la Fiscalía de la Nación detectó que los parlamentarios de Acción Popular señalados como ‘Los Niños’ aprovecharon para colocar a personas allegadas en Produce.
Precisamente, el programa Punto Final de Latina informó en marzo del 2022 que Pérez Reyes, Jorge Palomino Cordero e Islay Soto Enciso eran los beneficiados. Por esa razón es que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó también sean detenidos de manera preliminar.
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