El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, respaldó este lunes la demanda que lleva desde hace dos años la presidenta Dina Boluarte contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), organismo del Estado donde trabajó entre 2007 y 2022.
Según un informe difundido en la víspera por Panorama, la mandataria exige el pago de más de 48 mil soles por concepto de pago de beneficios laborales y sindicales, en un proceso legal que inició después de presentarse, sin éxito, a las elecciones parlamentarias extraordinarias del 2020 por Perú Libre.
“Dejemos que el Poder Judicial actúe. No van a encontrar a un solo funcionario que vaya a presionar a ningún magistrado, fiscal o funcionario que deba tomar decisiones. Estamos confiando en que esto se resuelva en el plazo que lo determine el Poder Judicial, y punto”, zanjó antes de pasar a otra pregunta.
Por su parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se declaró preocupado porque, bajo su mirada, el informe periodístico “pretende señalar que los derechos laborales tendrían que caducar cuando alguien ejerce un cargo público, nada más alejado de la verdad”.
Boluarte “inició su demanda cuando era trabajadora y ha tenido dos sentencias favorables, que han sido parte de procesos que en el sector el sindicato había ganado. Lo que está haciendo es ejercer su derecho a percibir los beneficios que le correspondían, que son derechos imprescriptibles y no se pueden renunciar”, dijo en su alocución a los medios.
Según el dominical, en noviembre de 2021, como parte del proceso, se realizó una audiencia de conciliación entre Boluarte y Reniec, aunque la demandante mantuvo en el monto exigido y no hubo acuerdo. Al mes siguiente, el Poder Judicial ordenó al organismo pagarle cerca de 300.000 soles, además de vacaciones no gozadas e indemnización vacacional, 60.432 soles por CTS y 84.151 soles por concepto de beneficios sindicales.
Posteriormente, en mayo del 2022, fue emitida una segunda resolución a favor de la jefa de Estado, con lo cual queda expedita a cobrar en el 2025 parte del dinero que reclama. Reniec ha vuelto a apelar, ya que estas pretensiones “han excedido lo exigible como pago”, de acuerdo con el procurador público del organismo, José Espinoza.
Siete meses después, ante el fallido autogolpe, asumió la jefatura de Estado para completar el periodo de Castillo hasta 2026, pero de inmediato las calles le recordaron el enojo de la población con la clase política y decidió plantear, sin éxito, un proyecto legislativo para el adelanto de las elecciones generales en abril de 2024.
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