El Tribunal Constitucional ordenó este miércoles al Club Tennis Las Terrazas Miraflores dar acceso libre a las playas del kilómetro 120.8 de la Panamericana Sur, en el distrito de Cerro Azul (Cañete).
La Sala Primera, presidida por el magistrado Manuel Monteagudo, declaró fundada en parte una demanda de habeas corpus interpuesta por el ciudadano Piero Dellepiane y un grupo de propietarios, al acreditar que su derecho al libre tránsito fue vulnerado.
La demanda fue respaldada por los dueños y familiares de los condominios Terrazas y Aventura. La sala, integrada por Luz Pacheco —quien emitió voto singular— y César Ochoa, dispuso que tanto los favorecidos como el público en general puedan acceder libremente a los balnearios del distrito.
De igual modo, precisó que no necesariamente deben retirarse de inmediato las estructuras instaladas en el acceso a las playas, sino que, en lo sucesivo, el club deberá garantizar que sus construcciones no impidan o limiten el acceso de las personas o vehículos, “sin perjuicio de las medidas generales de prevención en asuntos de seguridad ciudadana adoptadas por la Policía Nacional del o la Municipalidad Distrital de Cerro Azul”.
La resolución señaló además que, de ser necesario, la comuna podrá disponer modificaciones a las estructuras existentes para dar cumplimiento al libre acceso. En el fallo también fue convocado el magistrado Helder Domínguez, quien dirimió la discordia suscitada ante el voto singular de Pacheco.
Frente a lo anterior, Domínguez y Ochoa emitieron un fundamento de voto en conjunto. “Si bien no estamos postulando que no exista control, creemos que el mismo debe garantizar un trato razonable de toda persona que decida acceder a la playa”, consideraron.
El Club Terrazas tiene sedes en el Malecón 28 de Julio y en la playa Makaha (ambas en el distrito de Miraflores), así como en el kilómetro 24 de la Carretera Central (Chaclacayo) y el kilómetro 120.8 de la Carretera Panamericana Sur (playa Chepeconde), protagonista de la demanda.
En 2022, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que buscaba incluir, como agravante del delito de discriminación, las circunstancias que impidan el ingreso, uso y disfrute de playas y otros bienes de dominio público. El dictamen fue revisado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, aunque por decisión mayoritaria fue enviado al archivo.
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