La Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano, apresura el paso y agendó la sustentación del proyecto de ley del congresista de Perú Libre y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, que “reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y su no criminalización”.
La sustentación de la iniciativa de Cerrón Rojas está incluida en la agenda de hoy pese a que no guarda relación con los otros proyectos que los respectivos autores fundamentarán, que versan sobre la ampliación del mandato de los gobernadores regionales y alcaldes municipales a 5 años.
“La finalidad de la Ley es evitar la criminalización de las organizaciones políticas, así como promover la protección e intangibilidad de sus respectivos bienes y activos, cuando uno o varios de sus militantes, afiliados o fundadores estén inmersos en una o varias investigaciones fiscales y/o sean condenados por cualquier tipo de delito doloso”, alega el perulibrista.
El proyecto del prófugo Vladimir Cerrón busca que, cuando un militante, afiliado o fundador esté inmerso en una investigación por un hecho delictivo, se proceda con la individualización “sin responsabilizar a las organizaciones políticas como personas jurídicas de interés público”.
Proyecto beneficia hasta a 3 partidos
La iniciativa beneficia, como era de esperarse, a Perú Libre, partido del hermano de Waldemar Cerrón. La agrupación está inmersa en investigaciones en casos como “Los Dinámicos del Centro” y el presunto financiamiento ilegal para la campaña presidencial 2021.
No obstante, el proyecto de ley también favorece a otros 3 partidos representados en el Congreso: Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú.
Como se sabe, la agrupación política que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori está incorporada en el caso Cócteles, mientras que el partido que encabeza Rafael López Aliga fue recientemente incluida en la investigación que se le sigue al congresista José Luna Gálvez por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS.
Finalmente, aunque no ha sido incluida formalmente en una investigación, el partido Podemos Perú está en la mira de la Fiscalía a raíz de la presunta inscripción irregular. Este caso es derivado del emblemático Los Cuellos Blancos del Puerto.
Según la tesis fiscal, José Luna Gálvez habría captado a los exconsejeros Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutierrez Pebe para que intervengan en la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y designen a Adolfo Castillo. En la gestión de este último se concretó la inscripción de la agrupación política.
Justamente, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que José Luna Gálvez; así como su hijo el regidor metropolitano José Luna Morales, paguen una reparación civil de 10 millones de soles por el caso antes conocido como ‘Los Gansters de la Política’.
Consecuencias de una eventual aprobación
La eventual aprobación del proyecto de ley de Waldemar Cerrón implicaría dotar de inmunidad a los partidos políticos, cualidad que evitaría una eventual suspensión.
De acuerdo a la Ley contra la organización criminal, el fiscal puede requerir al Poder Judicial penas accesorias a las agrupaciones políticas, en su calidad de persona jurídica, que estén inmersas en investigaciones fiscales. Estas son multas económicas, suspensión de actividades, clausura de locales, prohibición de llevar a cabo actividades, cancelación de licencias y disolución.
“Pretender criminalizar una organización política el cual es de interés nacional, sería como forzar la aplicación del derecho penal, más aún cuando su vigencia obedece principalmente al derecho administrativo sancionatorio”, sostiene Waldemar Cerrón.
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