La vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, reconoció este jueves que su bancada decidió blindar a la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz (Avanza País), después de escucharla decir que “su conducta será absolutamente” distinta desde su asistencia a una fiesta que terminó con un crimen en Lince.
De esa manera, Juárez justificó la decisión de 19 fujimoristas que se abstuvieron a votar y frustraron la admisión a debate de la moción de censura contra la legisladora.
La moción de censura fue presentada después de que la diputada participara en el cumpleaños de su pareja, Paúl García, un evento que acabó en un tiroteo y dejó un fallecido la misma madrugada en que se desarrollaba el velatorio de Hernando Guerra García, exintegrante de la Mesa Directiva.
Aunque aseguró que jamás estuvo a cargo de la organización, la Unidad de Investigación de Canal N mostró que ella misma envió un mensaje a una persona para coordinar a qué hora iba a llegar al inmueble para los preparativos de la celebración, realizada el último 30 de setiembre.
Posteriormente, Cuarto Poder reveló que siete trabajadores del Parlamento —tres de ellos integrantes del despacho de Amuruz— también se encontraban en la celebración y que incluso organizaron una colecta para la realización. Aunque Juárez señaló que esta “actitud indecorosa” ofendió a la bancada de Avanza País y al Parlamento, recalcó que la decisión de su tienda fue prevalecer la estabilidad política.
Otra bancada que blindó a la diputada fue Alianza para el Progreso, el partido al que pertenece el titular del Legislativo, Alejandro Soto, también cercado por investigaciones y cuestionamientos. Seis integrantes de esta tienda se abstuvieron a la votación.
Un día después de que se evaluara la situación de Amuruz, el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció que fue capturado en Rusia Abel Valdivia, uno de los principales sospechoso del crimen ocurrido en la fiesta. La víctima fue el periodista Christian Tirado.
El titular de la cartera explicó que el operativo fue realizado gracias a la cooperación entre la Policía Nacional (PNP) y las filiales de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) de Rusia y Perú.
A través de una misiva, el Poder Judicial pidió al Ministerio Público realizar una solicitud formal para que el imputado, quien enfrenta prisión preventiva, sea entregado a las autoridades peruanas.
En tanto, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia ordenó el impedimento de salida del país por nueve meses contra Pedro Valdivia, hermano del presunto asesino también incurso en la investigación.
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