Ana María Córdova Capucho, investigada por el delito de obstrucción a la investigación por terrorismo, trabaja desde agosto de este año como asesora en la segunda vicepresidencia del Congreso, a cargo de Waldemar Cerrón, hermano del fundador de Perú Libre.
Según un informe difundido este miércoles por Al Estilo Juliana, la personera legal de la agrupación percibe de 13.415 soles mensuales, pese a que está implicada en un proceso que, a la fecha, se encuentra en la segunda fase previa a lo que eventualmente sería una acusación fiscal ante el Poder Judicial.
En junio de 2022, de acuerdo con el reportaje, la partidaria trabajó como consejera en el grupo parlamentario de Perú Libre, por lo que percibía 13.364 soles por mes.
Tres meses después, en septiembre de ese año, fue removida a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, presidida entonces por la legisladora María Taipe (también perúlibrista), con un salario que rozaba los 10.195 soles mensuales.
“Hay varios congresistas que estamos investigados y eso constitucionalmente no impide a ninguno trabajar. [...] Acusado no es sentenciado; investigado no es igual sentenciado, hay que ser concretos ahí”, dijo el segundo vicepresidente del Parlamento cuando fue consultado por esta contratación.
La decisión llevó incluso a que tres legisladores de Perú Libre dimitan a la bancada tras denunciar una “traición”, aunque su líder afirmó que habían hecho “un movimiento estratégico para tener una representación que, por dogmatismo y sectorismo, nunca tuvo”.
El caso es afín al expuesto semanas atrás por El Comercio, que reveló la contratación de Carmela Paucará, investigada por el caso Cócteles, en el despacho de la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán.
El Ministerio Público ubica a la exsecretaria de la Keiko Fujimori en el tercer nivel de la red criminal presuntamente gestada para recibir aportes que no fueron informados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, señaló. Paucará, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular y técnica en la oficina congresal, recibe más de 5.100 soles mensuales.
También enfrenta un pedido fiscal de 22 años y ocho meses de cárcel efectiva por el delito de lavado de activos. Por el mismo caso, el Ministerio Público requirió 30 años y 10 meses de prisión contra la opositora, el abogado Vicente Silva, así como para los exasesores Pier Figari y Ana Herz, el exministro Jaime Yoshiyama, el empresario José Chlimper y la extesorera alterna Adriana Tarazona.
“¿Esta persona está inhabilitada para trabajar, de ganarse un sueldo de manera digna? Ella es un ser humano, tiene el derecho de ganarse la vida. Una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza no le puede quitar ese derecho, dijo el portavoz fujimorista, Miguel Torres.
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