Sin control, reconstruidas en tiempo récord y a disposición de narcotraficantes bolivianos y brasileños que trabajan en alianza con clanes locales, las pistas clandestinas en Huánuco, Ucayali, Pasco y Junín han reconfigurado el negocio del narcotráfico en los últimos años.
Según datos de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) citados este viernes por Hildebrandt en sus trece, los usuarios de estas narcopistas son fundamentalmente bandas bolivianas lideradas por dos presidiarios, y otras dos redes brasileñas extendidas en la región (el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho).
“Eso sin duda reconfigura el mapa del narcotráfico para el Perú. Estamos atravesando nuestro mejor nivel de producción de hoja de coca en una década, por lo menos”, dijo Rubén Vargas, exviceministro del Interior.
Las principales bandas bolivianas con tentáculos en el país, identificadas por Inteligencia policial, pertenecen a los clanes de Jesús Lima y de Marco Roca, ambos presos, pero a la cabeza del negocio en la región. En la nómina también aparecen las familias bolivianas Nacif Suárez, Majluf Antelo y Gómez Ortega.
Esa nación altiplánica, de hecho, emplea diez rutas para sacar la cocaína de Perú. Si antes cruzar la frontera tardaba al menos un mes, con el auge de los narcoaviones —según las Fuerzas Armadas, entre el 2021 y el 2022 ingresaron 1,456 al país— el viaje se redujo a unas ocho horas.
Desde allí, por vía fluvial o terrestre, se deriva a los puertos brasileños para su despacho a Europa, el principal consumidor de la coca producida en la selva peruana, materia prima para la fabricación de la cocaína.
En junio, el exministro Vargas ya había dicho a EFE que Perú proporciona esta droga a otros destinos donde el negocio ilícito está creciendo. Y, según Naciones Unidas, el aumento del consumo de cocaína ha crecido en nuevos mercados, como Sudáfrica, Asia, el este de Europa y Brasil y otros países de Sudamérica, donde llega mercancía de origen peruano.
Cuando la Policía destruye narcopistas, en días u horas ya están rehabilitadas. En el centro poblado de Cinai, del distrito Yuyapichis, una pista clandestina fue reconstruida 34 veces entre 2016 y 2022; en Santa Isabel, en el territorio de la comunidad indígena Kakataibo, otra vía ilegal fue destruida 13 veces y reconstruida otras tantas, según el semanario.
Las comunidades indígenas no reconocen explícitamente una alianza con las bandas, pero remarcan que, desde el 2020, cuatro líderes kakataibo han muerto por enfrentar a las mafias.
“Hay algunos señores (narcos) que viven cerca de la comunidad o algunos conviven en la misma comunidad. Nosotros luchamos y defendemos lo nuestro, pero otros también tienen miedo”, dijo Herlín Odicio Estrella, líder indígena de los Kakataibo.
“El crimen organizado presiona, chantajea, amenaza. Si al indígena le dicen que van a matar a su hijo, ¿qué le queda? En el crimen hay un orden. Cuando ocurre una muerte, es porque algo alteró el orden”, mencionó un agente ignoto por seguridad.
En lo que va del 2023, la Dirandro ha destruido 31 pistas clandestinas y desarticulado 39 organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas. La semana pasada, el premier Alberto Otárola anunció que Estados Unidos levantó el bloqueo de interdicción aérea no letal de vuelos ilícitos para combatirlo.
Las actividades de interdicción se interrumpieron en 2001, debido al derribo accidental de una aeronave civil donde viajaban misioneros estadounidenses, y desde entonces hubo intentos para levantar este bloqueo.
“El piloto de la narcoavioneta, que antes venía por 10 mil dólares, ahora, por la ‘interdicción’, vendrá por 50 mil dólares. Pero las avionetas no van a parar. Para acabar con el narcotráfico se debe atacar dos cosas: la oferta y la demanda y no invirtiendo 400 millones de dólares para un programa de interdicción aérea que solo permite la interdicción terrestre, que es lo mismo que ya tenemos actualmente”, anotó.
Esta misma semana, además, La República publicó un informe sobre la toma del Comando Vermelho en las zonas amazónicas, donde controla, en rigor, la cuenca del río Abujao (Pucallpa), donde nadie va, incluido el Gobierno. La mayoría de personas que han trabajado allí dijeron que nadie entra o sale sin que la banda lo sepa.
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