En los últimos días se ha escuchado las declaraciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, contra la llamada tercera ‘Toma de Lima’ que se llevará a cabo este miércoles 19 en la capital y otros puntos del país. La más reciente la brindó ayer desde Palacio de Gobierno en compañía de su gabinete de ministros.
“Las protestas violentas de diciembre, enero y febrero han generado caos y crisis. Con una demanda política no entendida por la mayoría de peruanas y peruanos”, dijo. Acto seguido, agregó: “Entonces, ahora no entendemos porque nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima, desde voces desde el Vraem, queriendo tomar desde el Centro todo el país”.
Por este tipo de opiniones es que desde Cusco y Puno, regiones que piden la salida de Boluarte Zegarra, es que han presentado una demanda constitucional en el Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia, según el diario La República.
La medida va contra la jefa de Estado, el premier Alberto Otárola, los ministros Vicente Romero (Interior), Jorge Chávez (Defensa) y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Incluso, el titular del Parlamento, José Williams Zapata, también aparece en la denuncia.
La demanda ―interpuesta por el secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, Félix Suasaca, y el secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, Salvador Merma,― sostiene que los denunciados habrían criminalizado el derecho a la protesta cuando está contemplado dentro de la Constitución Política.
Enfatizan que se ha vulnerado aparte también la libertad de reunión, libertad de expresión, desenvolvimiento de la personalidad, al honor, entre otros.
Además, mencionan que las Fuerzas Armadas y la PNP tuvieron una política de brutal represión contra los dirigentes que salieron a manifestarse en las regiones, lo cual devino después en graves violaciones a los derechos humanos que han sido documentados por distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo pasado.
Entre otros puntos que se plantean es que para esta nueva ola de protestas contra el Gobierno de Boluarte, la tercera desde que asumió el poder en diciembre del 2022 tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo, no hayan las detenciones arbitrarias de personas que salen a manifestarse.
Mencionaron que si se da esta situación, pues entonces le corresponderá al fuero administrativo, civil y penal esclarecer las responsabilidades correspondientes de sus integrantes.
Ataques del Gobierno
Hay que señalar que el Ejecutivo ha desplegado toda una estrategia para cuestionar la realización de la marcha. El Ministerio del Interior ha estado a la cabeza de este plan que, incluso, no ha escatimado esfuerzos en recurrir al “terruqueo”.
“Ésta mal llamada protesta nuevamente no está teniendo los visos necesarios como anteriormente. No hay una convocatoria real como lo hicieron en algún momento. La gente, nuestros ciudadanos quieren trabajar, los comerciantes, los señores que están dedicados al turismo, a los mercados, gente que está hastiada de este tipo de problemas. (...) Lo que tenemos que dejar de lado son esas venganzas y esos odios de pequeños grupos que hay en el país. Pero lo tenemos controlado, eso es lo más importante”, indicó el ministro Vicente Romero hace unos días.
A su turno, el general PNP Víctor Zanabria consideró que “será una marcha no muy significativa”.
“Calculamos que debe bordear posiblemente las tres mil o cuatro mil personas. Es una marcha pequeña, no muy grande. Prevemos que, ante esta imposibilidad de hacer una marcha multitudinaria en Lima, se vaya a desplegar a las capitales de departamentos, como estaba previsto”, estimó el efectivo.
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