
Las detenciones de Sada Goray y Mauricio Fernandini, llevadas a cabo por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder a cargo del Ministerio Público han causado gran repercusión en el país. Los acusados pertenecerían a una presunta red de corrupción en el Fondo Mivivienda. Los investigados podrían pasar largos años de prisión por los presuntos delitos contra la administración pública.
Según las investigaciones en curso, se sospecha que Sada Goray y Mauricio Fernandini estarían involucrados en una serie de sobornos ofrecidos con el fin de obtener licitaciones para Marka Group durante la gestión de Pedro Castillo.
Presunto tráfico de influencias
A los involucrados en el caso ‘Asesores en la sombra’ se les acusa de dos delitos. En el caso del presunto delito de tráfico de influencias, este consiste en utilizar influencias para obtener donativos, promesas o beneficios con el propósito de interceder ante funcionarios públicos en casos judiciales o administrativos.

Este se encuentra dentro de los delitos contra la administración pública (delitos de corrupción). La legislación establece sanciones severas para quienes incurran en estos actos ilícitos. En el caso del tráfico de influencias, se prevé una pena privativa de libertad que oscila entre 4 y 6 años, además de una inhabilitación que puede extenderse de 180 a 365 días-multa.
Es importante resaltar que si el delito es cometido por un funcionario público, las consecuencias son aún más severas. En estos casos, la pena privativa de libertad puede ser de 4 a 8 años, acompañada de una inhabilitación que va desde 365 hasta 730 días-multa.
Acusados de cohecho
La empresaria y el comunicador también están implicados en una investigación por cohecho. El cohecho activo y pasivo son delitos que implican la corrupción y el soborno en el ámbito de la función pública. En el caso del cohecho activo, se refiere a quien ofrece el soborno, y existen diferentes tipos y sanciones asociadas.
Cabe recordar que Goray habría desembolsado una importante cantidad de dinero en el Ministerio de Vivienda a ciertos funcionarios para que estos tomen decisiones a favor de sus empresas.

El cohecho activo genérico se produce cuando un ciudadano ofrece, da o promete un donativo o beneficio a un funcionario público para que este realice o omita actos contrarios a sus obligaciones, ya sea faltando o sin faltar a ellas. En este caso, si el funcionario acepta y delinque violando sus funciones, se establece una pena privativa de libertad de 4 a 6 años, además de una inhabilitación de 365 a 730 días-multa. Si el funcionario acepta y delinque sin violar sus funciones, la pena privativa de libertad es de 3 a 5 años, con la misma inhabilitación.
Por otro lado, el cohecho activo específico ocurre cuando un ciudadano ofrece, da o promete un donativo o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro o miembro de tribunal administrativo para influir en la decisión de un asunto de su competencia. En este caso, la sanción establece una pena privativa de libertad de 5 a 8 años, junto con una inhabilitación de 365 a 730 días-multa.
Investigados por presunta organización criminal
De acuerdo al Poder Judicial, Fernandini y Goray también están enfrentando una investigación por el presunto delito de organización criminal, el cual está tipificado en el artículo 370 del Código Penal y está definido como: “El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos”.
La sanción contra este tipo de falta tendrá una prisión preventiva de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años, además de una multa e inhabilitación de 180 - 365 días.

En el caso de que una persona sea acusada de ser el cabecilla de esta red criminal, la pena no será menor de 15 años ni mayor de 20, mientras que la multa e inhabilitación asciende a 180 - 365 días.
Pasaron la noche en prisión
La detención preliminar de 10 días dictada por el Poder Judicial (PJ) llevó a que la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini pasaran su primera noche en la sede de la Prefectura de Lima. Esta mañana el órgano de justicia también comunicó que hoy se realizará la audiencia de control de identidad en la Corte Superior Nacional.
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