La alerta roja emitida por la Policía Internacional contra el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado como líder de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, quedó desactivada desde mayo pasado por una impugnación del prófugo, según un informe de Ojo Público difundido este fin de semana a cinco años del mayor caso de corrupción en el sistema de justicia del país.
Luego de que el exmagistrado fugara a España y pasara a condición de no habido, la Procuraduría Anticorrupción gestionó para que Interpol emitiera la notificación en todas las naciones de la Unión Europea. Sin embargo, Hinostroza presentó una impugnación, con lo cual la medida quedó sin efecto por nueve meses, informó el procurador Javier Pacheco al medio de investigación.
Ojo Público expuso que, desde 2013, Hinostroza no cuenta con propiedades en Lima, de modo que la Procuraduría no puede embargar ningún bien en este proceso, ya que fueron traspasados a su hija Sandra. De los 12 principales implicados en este escándalo en la Judicatura, ocho todavía no han recibido una acusación fiscal por organización criminal y otros delitos.
En otros tres casos, incluido Hinostroza, no se ha iniciado investigación preparatoria porque el Congreso no aprobó las denuncias constitucionales. A la fecha, solo el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, ha sido sentenciado a 12 años de prisión en 2021, tras acogerse a la colaboración eficaz.
El exjuez supremo, por quien el Ministerio del Interior ofrece 150 mil soles por información que permita su captura, huyó del país en octubre de 2018 y se instaló en España. Desde entonces, hasta junio de 2022, la Procuraduría Anticorrupción gestionó la aprobación de dos extradiciones —una por el caso Cuellos Blancos y otra por entrega de una coima para su fuga— ante la Audiencia Nacional de España, entidad encargada de ver el caso.
La red criminal en el sistema de justicia quedó al descubierto en 2018, cuando la prensa difundió una secuencia de audios comprometedores, en uno de los cuales se le escucha ofrecer una rebaja de la pena o absolver a un condenado por violar a una niña.
Según Jorge Díaz Cabello, coordinador del equipo fiscal que sigue el caso, la escucha y selección de los audios más relevantes del escándalo ya han sido completados, pero todavía faltaba cumplir con la transcripción.
Sin embargo, una reestructuración de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público decantó en una sobrecarga laboral, que generó lentitud en el avance del trabajo. De momento, tampoco hay mayor información sobre esas transcripciones.
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