Contraloría General de la República detecta 1,770 obras paralizadas por más de 12 mil millones de soles

Una gran problemática afecta al país tras las diversas obras que se encuentran paralizadas. Según el último reporte de la Contraloría General de la República, se han detectado que más de 1770 trabajos están estancados este 2023. Estos proyectos superan los más de 12 mil millones de soles.

En entrevista con Exitosa, el presidente de Asociación Peruana de Consultoría, el ingeniero Elías Tapia Julca, mencionó que esto es un gran retraso para el desarrollo del país, sobre todo para comunidades en que necesitan de las ejecuciones de estos trabajos para generar sostenibilidad, trabajo y mejores condiciones.

Sin embargo, el especialista también expresó que la modalidad de “administración directa” en la ejecución de proyectos es una de las principales causas de estas paralizaciones.

“Según el reporte de Contraloría General de la República, a abril de este año, efectivamente hay esa cantidad de obras paralizadas, de los cuales, el 55% son obras por administración directa. Es decir, el mismo Estado, las Municipalidades, algunos Gobiernos Regionales, pretenden hacer obras cuando no están en capacidad de ejecutarla”, declaró para Exitosa.

El especialista resaltó que uno de los principales aspectos que permite que ocurran las obras paralizadas es la deficiencia en los diseños de los expedientes técnicos.

“El Estado, privilegiando el costo, paga entre el 0.6% y el 1% del monto de las obras, lo cual es un monto muy bajo porque a nivel de Latinoamérica el promedio es el 3%. (...) Es decir, lo barato sale caro”, indicó.

¿Qué se puede hacer ante proyectos incompletos?

Tapia Julca destacó que una posible solución para reanudar las obras paralizadas sería otorgarlas mediante un proceso de invitación directa a empresas privadas que hayan demostrado su solvencia.

Es por eso que, la Asociación Peruana de Consultoría propone recuperar el sistema de ganar la Buena Pro alrededor del 100%, como era hasta 1988. Es importante destacar que en la actualidad, el máximo porcentaje para obtener la Buena Pro es del 90%.

“Con esa norma, que era amigable, se hicieron las grandes obras del Perú sin ningún problema, como Chiura Piura, Chineca, Solmos Tinajones, Central Hidroeléctrica de Charcani (...) Regresemos esa norma amigable. Con la actual ley que es muy conflictiva, no podemos construir ni un colegio”, manifestó.

Adicionalmente, señaló que invitar a “empresas serias” permitiría finalizar las obras de importancia que requieren ser concluidas para satisfacer las necesidades de las personas.

Comparación con el 2022

Según el Contralor General de la República, Nelson Shack, en el 2022 existieron un total de 2369 obras por contrata paralizadas en el país. Además, advirtió al Congreso de la República que esta paralización representa una inversión de 22 453.3 millones de soles.

Del total de obras paralizadas identificadas en el 2022, el Gobierno Local concentra 1714, lo que representa el 72% del total y en Gobierno regional cuenta con 12 287 millones de soles, ya que tiene mayor monto de inversión involucrado.

El monto también incluye dos concesiones que concentran 5,160 millones de soles, los cuales son el Proyecto Especial Chavimochic y el Proyecto Majes-Siguas.

La Contraloría comentó que las regiones con más obras paralizadas son en primer ligar Cusco con 490 obras paralizadas; le sigue Puno con 221, luego Lima con 168, Cajamarca con 148 y Apurímac con 120 obras paralizadas.

Hasta septiembre de 2022, según los informes de la Contraloría General, se registraron un total de 2302 obras públicas paralizadas en los tres niveles de gobierno. Estas obras representan una inversión superior a los S/ 41 mil 867 millones, con un saldo estimado de inversión por ejecutar de S/ 28 mil 043 millones.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, indicó que, al cierre del 2022, se dejaron de ejecutar S/ 18.000 millones en obras de inversión pública, lo que representó el 28% del presupuesto asignado.

“Los niveles bajos de ejecución de la inversión pública implica, en la práctica, que se pierdan empleos, que el crecimiento sea menor a lo esperado y que no avancemos en el cierre de brechas”, afirmó el funcionario del Gobierno.