
Ayer, el Gobierno de Dina Boluarte decidió promulgar la ley que le da carta libre al Congreso de la República a elegir a su propio procurador sin que pase por un concurso público. La medida también alcanza a otras instituciones como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
“A partir de la entrada en vigor de la presente ley, los procesos de selección convocados para la designación de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, cualquiera sea su estado o etapa, se adecuarán a lo dispuesto en la presente ley”, señala la disposición transitoria que está en la norma.
Antes de que la iniciativa legislativa vea la luz, hubo una cita entre la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate. El encuentro entre la vicepresidenta del Parlamento y el funcionario del Poder Ejecutivo se desarrolló el jueves 1 de junio pasado entre las 11:24 de la mañana y las 13:22 horas de la tarde.
Según fuentes consultadas por Infobae Perú en el Minjus, Maurate y Moyano no tocaron el tema del proyecto de ley del Congreso que solo hace más que debilitar a la Procuraduría General del Estado (PGE).
Nos mencionaron que la legisladora fujimorista llegó al despacho de Maurate para hablar sobre el asunto de las víctimas del periodo de la violencia de 1980 a 2000, entre las cuales se encuentra su hermana, la dirigente social María Elena Moyano, quien fue asesinada brutalmente por Sendero Luminoso el 15 de febrero de 1992.

Hay que recalcar que Moyano es la autora del proyecto de ley para que el Congreso y otras instituciones puedan escoger a sus propios procuradores. Y Maurate es el titular del Minjus que envió una opinión jurídica en contra de esta idea.
“Es una propuesta jurídicamente no viable, toda vez que no resulta acorde con el artículo 47 de la Constitución, ni con la finalidad de la reestructuración del Sistema Jurídico del Estado, estipulado por el Decreto Legislativo 1326″, señaló el informe enviado a la Comisión de Justicia que debatió sobre el asunto tras ser derivado desde el grupo de Constitución y Reglamento.
Hasta el momento, Maurate no ha brindado una sólida respuesta frente a la ley que atenta contra las competencias de la Procuradoría General del Estado. Ayer, tras una actividad por el Día de la Bandera, no quiso entrar en conflicto con el Parlamento.
Por otro lado, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ni el primer ministro Alberto Otárola tampoco se han pronunciado de manera oficial.
Medidas legales
Tras la publicación de la norma la Procuradoría anunció que, tras sostener una reunión extraordinaria de su consejo directivo, tomará las acciones legales pertinentes debido a que atentan contra la autonomía que tiene como institución que le faculta la Constitución Política y el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

“Reafirmamos el compromiso de la Procuradoría General del Estado de mantener y preservar la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los/las procuradores/as públicos/as, que debe cautelar los intereses del Estado y sus instituciones por encima de los intereses de las personas que las dirigen o conforman”, cierra la misiva.
En declaraciones a Canal N, el procurador Daniel Soria mostró su rechazo con la norma y enfatizó que los procuradores tienen la obligación de defender los intereses de las instituciones, no de los titulares de estas e incluso particulares.
“La Procuraduría General del Estado rechaza y lamenta profundamente que se haya promulgado esta ley, que parte el sistema de defensa jurídica del Estado. Esos procuradores salen de nuestra esfera de competencias a partir de mañana”, señaló.
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