La ex primera dama Lilia Paredes, asilada política en México desde diciembre del año pasado, enfrenta un pedido fiscal de 28 meses de prisión preventiva presentado a mediados de abril.
La aún esposa del expresidente Pedro Castillo, madre de sus dos menores hijos, enfrenta una investigación por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.
El fiscal del caso, Jorge García Juárez, sostiene que “los lobbies ilícitos eran la modalidad de la red delincuencial [presuntamente liderado por Castillo] vinculado a destinar las obras públicas para beneficio de sus integrantes”.
Dicha agrupación delictiva, precisó, era integrada por Paredes y sus hermanos.
La última audiencia judicial sobre este requerimiento se realizó el último jueves 25 de mayo a cargo del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria. La instancia judicial continuará el lunes 5 de junio a las tres de la tarde.
En la sesión previa, el fiscal García indicó que Paredes Navarro ejerció “acciones de coordinación y concertación”, junto a otros miembros de la mencionada organización, “desde las etapas iniciales del plan criminal hasta la ejecución y concreción de actos propios constitutivos de delitos”.
“A nuestro entender, por los elementos […] que hemos alcanzado, sería la coordinadora de la organización. […] habría tenido a su cargo el constante seguimiento de todas las acciones, estaba pendiente de que todo este programa criminal del direccionamiento de las obras se llegue a realizar”, afirmó.
En este marco, el integrante del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder agregó que la concreción de presuntos actos ilícitos “no pudo ser posible sin la coordinación de […] la señora Lilia Paredes, pues dentro de este engranaje […] se necesitaba de su coordinación permanente y asidua”.
Los hermanos de la ex primera dama, Walter y David, también son investigados por la presunta comisión de organización criminal y colusión.
Si el pedido del Ministerio Público llegara a concretarse, se estima que la entidad iniciaría una solicitud de extradición contra Paredes, sin embargo, este es solo el inicio de una larga serie de diligencias que deberán ser aprobadas por diversas instancias peruanas y mexicanas.
El fiscal García, además, ha estimado que la cónyuge de Castillo Terrones podría recibir una pena entre 8 y 10 años de cárcel por las imputaciones atribuidas.
Este pedido deberá ser aprobado por la Corte Suprema y, de superar este paso, este pasará a ser evaluado por el Ministerio de Justicia (Ejecutivo) y la Oficina de Cooperación Internacional del MP. De sortear estos procedimientos, el documento será enviado a México.
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