
Este lunes 22 de mayo, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República informó que sesionará para analizar las denuncias que se presentaron en contra de las congresistas Jhakeline Katy Ugarte Mamani y Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez. Este caso que implica el recorte de sueldos de algunos trabajadores de los despachos congresales ha sido denominado como “mocha sueldos” y hay varios parlamentarios involucrados.
Las implicadas, quienes también vienen siendo investigadas preliminarmente en la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión, son acusadas de de supuestamente recortar el salario de los empleados de sus respectivas oficinas.
Un informe periodístico dio a conocer que los trabajadores de la congresista Ugarte Mamani entregaban entre S/ 300 y S/ 400 como “aporte voluntario”. Lo ‘recaudado’ se destinaba para mejorar la imagen de la parlamentaria en Cusco, región a la que representa.
Asimismo, un trabajador de la parlamentaria Ruíz Rodríguez denunció que su jefa, a través de su asesor, le cobraba S/ 1,500 mensuales del sueldo que percibía por su trabajo en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia.
Se conoció que el grupo parlamentario a cargo de la evaluación y discusión de este caso será presidido por la congresista Karol Paredes de la bancada de Acción Popular. Las sesiones se realizarán de forma semipresencial, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams y el Hemiciclo del Congreso de la República.
Caso “mocha sueldos”
Hay varios parlamentarios acusadas por el mismo delito.

María Cordero (Fuerza Popular), contra quien se presentó unos audios en los que se escucha a uno de sus allegados pedirle grandes sumas de dinero a uno de sus trabajadores para luego transferir ese monto a Cordero Jon Tay.
Heidy Juárez (Podemos Perú) también es sospechosa del recorte de sueldo de al menos 4 de sus trabajadores. Su asesor principal sería también responsable de este hecho que habría recolectado casi S/10 mil.
Rosío Torres (Alianza para el Progreso) viene siendo señalada del mismo delito. La parlamentaria es investigada por la Fiscalía por presuntamente haber actuado en beneficio personal al cobrar un porcentaje de los honorarios de los trabajadores de su despacho.
José Arriola (Acción Popular) es acusado de haberse aprovechado de su cargo para obligar sus colaboradores a firmar declaraciones juradas en donde aceptaban el recorte “voluntario” de su salario.
Marleny Portero (Acción Popular) habría solicitado a personal de una comisión que lidera para que compraran sillas de ruedas que posteriormente serían entregadas por ella como donaciones, llamándolo así “Ruta de la solidaridad”.
De esta manera, se suman más congresistas al caso ‘Mocha Sueldos’; cuyas casos de dos de sus implicadas, Katy Ugarte y Magaly Ruíz, serán analizados este lunes por la Comisión de Ética.

Informes pendientes
Existe otros informes que el mencionado grupo de trabajo tiene pendiente. Uno de ellos trata sobre el caso de la congresista María Cruz Zeta (Fuerza Popular), quien fue denunciada porque su hijo y su pareja viajaron en un helicóptero destinado para ayudar a los afectados por las inundaciones en la región de Piura.
Además, se encuentran los informes sobre los casos de la congresista Flor Pablo Medina, así como de 11 congresistas que forman parte de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y lucha contra las drogas durante el período 2021-2022.
Críticas
Varios parlamentarios expresaron su rechazo a este caso. Entre ellos, Edward Málaga, quien calificó a estos parlamentarios de “angurrientos”.
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