Josué Gutiérrez devino en Defensor del Pueblo gracias a votos del fujimorismo: la vez que lo tildó como el partido de la “corrupción” y “políticas criminales”

El recién electo Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, fue un pronunciado crítico de Fuerza Popular, la bancada que este miércoles votó en mayoría por su candidatura en una breve sesión plenaria: 23 de los 87 votos requeridos fueron de la tienda naranja, junto con 14 de Perú Libre y otros 14 de Acción Popular, que varió su sufragio.

Cuando, a mediados de abril, la Comisión Especial definió su terna de finalistas a titulares de Defensoría, los fujimoristas Arturo Alegría y Eduardo Castillo, integrantes de ese grupo parlamentario, se decantaron por Gutiérrez, un excongresista por Gana Perú ―partido de Ollanta Humala― y exabogado de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

“Para mí, el apoyo de Fuerza Popular sería un honor. [...] me encuentro sumamente agradecido de que me haya invitado a una reunión. Considero que ha sido un gesto de mucha relevancia en el quehacer político”, mencionó al diario un día antes de que su opción fuera respaldada, entre aplausos, en el pleno.

El aval del fujimorismo fue crucial, pese a que tienda anunció previamente que sus integrantes no realizarían un voto en bloque, sino que cada uno votaría “de forma independiente y conforme se lo dicte su conciencia”. No sucedió.

Gutiérrez obtuvo los votos reglamentarios gracias al partido al que tildó, siete años atrás, como fuente “de corrupción” y “políticas criminales contras los más vulnerables”. Era marzo de 2016, gobernaba Ollanta Humala y Keiko Fujimori estaba encaminada en una campaña electoral que acabaría con derrota frente a Pedro Pablo Kuczynski.

Dijo, además, que Fujimori buscaba victimizarse: “Yo esperaba una expresión madura, seria, que pueda condenar actos de violencia, pero no de expresiones ilegítimas en democracia”. Y después le lanzó una pregunta: “¿Cuál fue su rol cuando fue primera dama al lado de Vladimiro Montesinos?, ¿cuál fue su rol cuando con su padre, más allá de los actos de corrupción, tuvo políticas criminales contras los más vulnerables?”.

En 2014, cuando Humala consideró que el fujimorismo era un partido nacido de la “cloaca”, Gutiérrez avaló el calificativo y no lo desdijo: “No creo que sea un error, lo que hemos hecho en la conferencia es sustentar el concepto real y la posición de respaldo al presidente”, ratificó en diálogo con El Comercio.

Al año siguiente, apuntó que una característica de la tienda naranja era “obstaculizar” la labor del Ejecutivo: “Lo único que ha hecho el fujimorismo en estos cuatro años ha sido no colaborar con el país [y] destruir cualquier voluntad de diálogo”.

Cuestionamientos

La postura voluble de Gutiérrez, carta de Perú Libre, no es un cuestionamiento aislado. En su periodo congresal (2011-2016), el “bachiller”en derecho de la Universidad de Huánuco viajó a Rusia junto con empresario Alexis Humala, hermano del expresidente. En la hoja de vida que presentó ante el Congreso como candidato a Defensor, no consignó ninguna investigación en materia jurídica y solo hizo mención al Congreso en su experiencia laboral.

Ha defendido legalmente a Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, y ha brindado asesoría a la Comisión de Justicia, que aprobó el dictamen de la ley que incrementa penas por difamación, una iniciativa que respalda a rajatabla.

“No me voy a oponer a la ley, pero voy a procurar que no se criminalice la libertad de ideas. Y eso pasa por reconocer la libertad de prensa. Pero comprenderá mi labor como asesor o profesional. Mi labor es apoyar. Yo no puedo oponerme a una iniciativa legal”, dijo a La República un día antes de su elección.

Aunque la entidad fiscalizadora solicitó que subsanara esta observación, el exparlamentario desistió y siguió dentro del pool de candidatos a la Defensoría. Con esa carta de presentación, Gutiérrez acaba de ser electo como titular del organismo y, además, presidirá la comisión especial que elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ente que nombra a jueces y fiscales del país.