Baile con mariachis, insultos a policías y denuncia de una jueza: las polémicas del alcalde de Trujillo, en medio de ola de crímenes en su ciudad

Arturo Fernández viene siendo sinónimo de polémica en las últimas semanas. Atrás parecen haber quedado para el alcalde de Trujillo los buenos comentarios a su gestión por la implementación de los huacos eróticos en Moche y otras acciones en favor de la ciudadanía.

En uno de los momentos más complicados para la ciudad norteña, que viene siendo azotada por la inseguridad ciudadana, el burgomaestre ha sido protagonista de llamativos hechos que causaron el descontento de la población.

Uno de estos fue la celebración que organizó recientemente Fernández por su cumpleaños en un local de Trujillo, donde hubo estridente música, mariachis y baile por horas.

“Mientras la ciudadanía sufre por los crímenes, sicariato y asaltos, el alcalde celebra como si nada pasara. Eso deja mucho qué desear”, comentó un usuario en redes sociales.

Durante la última semana, siete personas fueron asesinadas a balazos en Trujillo, precisamente la jurisdicción del alcalde Fernández.

Además, los asaltos y robos en pleno centro histórico de la ciudad se están convirtiendo en algo cotidiano, pero a pesar de esa realidad y estar ya casi seis meses en el cargo, el alcalde no ha podido poner en marcha el patrullaje integrado y decenas de vehículos del serenazgo se encuentran empolvándose en un depósito.

Trascendió que el burgomaestre no ha mantenido coordinación con el gobernador regional César Acuña ni con el general PNP Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la policía en la región. Por el contrario, estaría enfrascado en un lío judicial con el oficial por un tema de presunta difamación.

En estos meses que lleva de gestión, Fernández ha sufrido la renuncia de más de 14 gerentes, quienes dieron un paso al costado por discrepancias con él.

La última fue Mercedes Armas Gallardo, gerente del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT). Según ella, el burgomaestre pretende instalar postes con luces rojas y blancas en espiral en la plaza de armas de la ciudad vulnerando toda norma que salvaguarda la protección del monumento y patrimonio cultural.

“Mermeleros”, “babosos” e “idiotas”

En un video compartido por el congresista Juan Burgos, se escucha al alcalde de Trujillo insultar a un grupo de 50 agentes policiales de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) que llegaron a sumarse a las labores de lucha contra la inseguridad ciudadana.

Fernández califica a los uniformados de “babosos”, “mermeleros” e “idiotas” desde lo que parece ser el balcón de las instalaciones del municipio trujillano.

“Rechazo los improperios vertidos por el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, a nuestra policía nacional, creo que se olvidó que el me pidió personalmente que la misma policía nacional del Perú que el hoy insulta resguarde su vida”, tuiteó Burgos.

La denuncia de una jueza

Se supo que el Noveno Juzgado de Familia de Subespecialidad en Violencia Contra la Mujer de Trujillo ordenó medidas de protección a favor de la magistrada Mercedes Jesús Vásquez Zambrano, luego que denunciara al alcalde de Trujillo por violencia psicológica.

El pasado 8 de mayo, Mercedes Vásquez acudió al Módulo de Violencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para presentar una denuncia por violencia contra la mujer en su agravio.

El Poder Judicial, en ese sentido, dispuso que Fernández Bazán, vaya, obligatoriamente a la sede de Medicina Legal del Ministerio Público y se someta a una pericia psicológica para determinar su personalidad.

De acuerdo a la resolución, la autoridad edil en caso de incumplir esta medida podría ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.

“El denunciado César Arturo Fernández Bazán se encuentra prohibido de agredir y/o atentar contra la imagen profesional, integridad física y psicológica de la denunciante Mercedes Jesús Vásquez Zambrano, debiendo abstenerse de insultar, humillar, hostilizar, golpear, intimidar y/o amenazarla, sea de forma directa o a través de cualquier medio de comunicación público o privado (llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales, servicio de mensajería instantánea), bajo apercibimiento, de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad en caso de incumplimiento”, se lee en el documento.