Seis proyectos de ley de reforma constitucional se han presentado ante el Congreso de la República para permitir que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puedan ser acusados constitucionalmente. Sin embargo, su aprobación podría vulnerar el principio de independencia como órganos electorales, según especialista.
Los congresistas Patricia Juárez (FP) y Elvis Vergara (AP) presentaron dos iniciativas legislativas para que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también sean acusados por infracciones constitucionales.
Esta mañana, la Comisión de Constitución debatió estos proyectos y uno de los argumentos a favor lo hizo la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País) al asegurar que estos órganos tienen orígenes políticos, por lo que deben ser sometidos al control político de parte del Poder Legislativo. La congresista descartó que este plan pretenda que los órganos electorales sean influenciados por la representación nacional.
La realidad es que existe una posibilidad de que la independencia de estas instituciones electorales pueda ser debilitada si se aprueban estas iniciativas.
Para el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, los organismos a los que pertenecen estos titulares cumplen un rol importante en la democracia, pues son los encargados de los procesos electorales. Por este motivo, es necesario que “lleven adelante sus funciones sin inconvenientes. Sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que no sean pasibles de una denuncia constitucional”, explicó a Infobae.
Según el experto, si bien los funcionarios no pueden ser acusados a nivel constitucional, sí pueden ser denunciados penalmente por cualquier ilícito ante el Poder Judicial. Incluso, pueden ser objeto de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Sobre todo en el caso del jefe de la ONPE y de Reniec, que son elegidos por esta entidad”, precisó.
Impacto negativo
Para el profesor de derecho constitucional de la PUCP, una de las consecuencias de que estos titulares estén bajo control político en el Congreso de la República es que sean “objetos de presiones” de parte de una mayoría parlamentaria. “Si el titular de alguno de estos organismos electorales sabe que podría ser destituido por el Congreso, probablemente tienda actuar de tal manera que no entre en un conflicto. En otras palabras, se genera un efecto inhibitorio”, señaló.
Por su parte, el experto en materia legal mencionó que “no sería la primera vez” que los órganos estatales se han enfrentado a amedrentamientos de parte de autoridades políticas. “Ese es el principal riesgo”, resaltó.
Joel Campos dijo que, hasta el momento, no se ha presentado un problema para la democracia peruana que haya requerido sancionar a estos funcionarios por actuar de forma incorrecta o irregular.
“Cabe recordar que si bien podrían no ser objeto de una denuncia constitucional, sí pueden ser objeto de denuncias penales o de demandas civiles, incluso. Eso hace que el control esté presente en su desempeño”, detalló.
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