El Congreso de la República atenta contra los derechos de las mujeres y niñas de nuevo. Esta vez ratificó la aprobación del proyecto de Ley 785, mediante el cual el Estado otorgará al concebido una serie de derechos, como el de la vida, integridad, libre desarrollo intrauterino y bienestar, en detrimento de la población femenina, que verá reducidas sus posibilidades de acceder al aborto terapéutico tras esta nueva normativa.
El proyecto de Ley, presentado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, fue aprobado en primera votación hace unas tres semanas. Finalmente, este jueves 13 de abril, 70 parlamentarios votaron a favor del texto sustitutorio que le brinda al embrión una serie de derechos constitucionales.
La medida ha sido cuestionada desde sus primeras discusiones; sin embargo, en un Parlamento marcadamente conservador los argumentos en favor de los derechos de las mujeres han sido desdeñados.
Esta situación es grave si se toma en cuenta que en el Perú cada 24 horas al menos cuatro niñas de entre 10 y 14 años son forzadas a ser madres tras ser víctimas de violaciones sexuales. Es decir, aproximadamente 1,300 niñas cada año, desde al menos el 2017, según información publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Una tasa que va en incremento sostenido.
Así, con esta medida también se cierra una puerta para que estas víctimas puedan acceder al aborto terapéutico y proseguir con sus vidas luego de las traumáticas experiencias. Recordemos que aunque en el país no se considera la interrupción del embarazo por causal de violación, muchas niñas sí pueden acceder a este procedimiento bajo el argumento de que sus vidas peligran, lo cual no es falso, puesto que sus cuerpos aún no están preparados ni para gestar ni para el alumbramiento de un neonato.
Si desde ya era difícil para este grupo vulnerable acceder al aborto en servicios de salud públicos, con esta nueva normativa que prioriza a un embrión, incluso desde que apenas se ha unido el óvulo y el espermatozoide, la situación se torna más crítica para las mujeres y niñas del Perú. Esto porque la medida legislativa pretende modificar el artículo 1 del Código Civil peruano, el cual indica que las personas son sujetos de derecho desde el nacimiento.
Sobre este punto, el proyecto de ley refiere que ante un posible caso de riesgo médico para la vida de la madre o el feto, “corresponde a la madre o cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, decidir respecto a los actos médicos a ejecutarse”.
Por estas razones, colectivos que trabajan en favor de los derechos de las mujeres han alzado su voz de protesta, desde la aprobación del proyecto de ley en primera votación.
Pronunciamiento de la Defensoría
Anteriormente, la Defensoría del Pueblo también se pronunció en contra de esta iniciativa que afecta a los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en el país.
“De aprobarse el proyecto de ley, se obstaculizará acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a mujeres, en especial niñas y adolescentes, víctimas de violación sexual, más cuando Comité de Derechos del Niño exige garantizar interrupción de embarazo por riesgo a su vida y salud”, añadió la institución.
La medida, pues, no se encuentra acorde con estándares internacionales a los que el Perú está suscrito y tampoco acoge la opinión técnica de instituciones como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Defensoría del Pueblo.
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