El caso de la menor de once años que fue brutalmente agredida en Atalaya (Ucayali), víctima de un intento de violación sexual y torturas por su resistencia al hecho, remeció al territorio nacional.
La escena fue trágica. La adolescente fue encontrada con la cabeza rota: le habían incrustado dos estacas oxidadas de 16 centímetros -cada una- en la cabeza, los mismos que llegaron a parte de su cerebro, y recibido otros golpes severos.
Tenía los pantalones y la ropa interior por debajo de la rodilla, junto a otros signos de tortura. En tales circunstancias, convulsionando debido a los ataques propinados, fue encontrada en una vivienda del caserío Menkoriani.
Hasta el momento, se cuenta con un sospechoso detenido. Se trata de Yeison Lucano Leyva, de 25 años, investigado por el delito de intento de feminicidio en grado de tentativa. Además, tiene una prisión preliminar por 72 horas que vence el 31 de marzo.
En este contexto, la jueza Luz Marlene Montero Ñavincopa, a cargo del Tercer Juzgado de Familia de San Juan de Lurigancho, detalló las posibles sanciones que podría recibir el responsable de este delito.
“El que comete violación sexual contra un o una menor de edad menor de catorce años, según el Código Penal, puede ser castigado con pena de cadena perpetua, asimismo, si existen elementos como crueldad, alevosía, de manera concertada, configurarían las formas agravadas de este ilícito”, puntualizó.
En este marco, detalló que de concurrir un hecho de tentativa de violación con tortura y lesiones, la normativa establece sanciones severas para el procesado en tanto las víctimas son menores. Si el delito es cometido por un grupo, las penas aumentan drásticamente según la gravedad de las lesiones y responsabilidad.
“Cuando existe la concurrencia de estos delitos gravísimos, se sanciona con penas severas y si se trata de menores más aún. Y si existe concierto de voluntades, la sanción se determina individualmente dependiendo de la responsabilidad, intencionalidad y evaluación de las lesiones”, añadió
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