El 90% de peruanos rechaza la labor del Congreso que no desea adelantar las elecciones generales

Debido a que la crisis política no tiene cuando acabar en el Perú, la imagen del Congreso de la República sigue deteriorándose ante la opinión pública. Y tal parece que eso no le importa a los 130 integrantes que estuvieron en los últimos días en la llamada ‘semana de representación’.

Según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicado hoy en el diario La República, el 90% de peruanos rechaza la labor que realiza el Legislativo. Es un aumento en un punto a comparación de enero. En el desglose de la cifra, en las macrozonas del sur (95%), el centro (90%), norte (89%) y Lima (89%) se concentra el rechazo.

Mientras que la aprobación parlamentaria llega al 6%. En el detallado, solo la capital le da un 8% de legitimidad al Congreso. Finalmente, el 4% no desea brindar su opinión sobre el penoso papel que cumplen los llamados ‘padres de la patria’ ante el país.

Por si fuera poco, el estudio de IEP también consulta sobre lo que pasará con el adelanto de las elecciones generales para este 2023. Como se sabe, la representación nacional fracasó en tres oportunidades para aprobar el proceso y así tranquilizar al país. Sin embargo, no lograron nada y desplazaron el asunto hasta marzo cuando inicie la segunda legislatura del periodo 2022-2023.

El 33% de peruanos considera que los legisladores se quedarán hasta el 2026 para cumplir el quinquenio por el que fueron elegidos hace dos años en la urnas. De esta manera, se aferrarían a sus cargos tal como propone la bancada de Renovación Popular con el almirante Jorge Montoya a la cabeza.

Por su parte, el 28% de los consultados tiene aún la esperanza que los 130 parlamentarios aprobarán el adelanto este año, lo cual resulta muy complicado tomando en cuenta que los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones se acortan y sería una labor titánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

En tanto, el 24% mencionó que lo más probable es que los nuevos comicios se hagan el próximo año. Finalmente, el 15% no quiso brindar su opinión sobre lo que el Parlamento debería hacer en este momento de crisis y polarización.

Buffet a la orden

Mientras la percepción negativa de los congresistas es indudable, ellos se esfuerzan en protagonizar más escándalos. La semana pasada estuvo marcada por la polémica respecto al elevado gasto en la alimentación diaria.

Según un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, hay una inversión de S/80 soles por cada legislador.

En resumen, durante las sesiones del Pleno, el Legislativo gasta 190 soles por persona por alimentación (almuerzo y cena), por lo que en un solo día de actividades y eventos oficiales se incurre en un desembolso de S/25 mil.

La situación escaló a tal punto que varios congresistas se pronunciaron sobre el tema para intentar explicarle a la ciudadanía y justificar la situación. Contrario a llevar un mensaje conciliador en sus palabras, algunos optaron por soltar increíbles frases que provocaron aún más indignación.

“El que quiere comer que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. (¿Qué piensa que ahora estén con buffet?) Bueno, ahora no, ya desde hace algunos meses, sí. La verdad no había puesto a pensar si quiera en eso (si es un cambio innecesario), tampoco soy de comer tanto así sea buffet o plato normal. Hay muchas veces que no como acá”, manifestó la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, a Cuarto Poder.

Sin embargo, la declaración que causó más malestar e incomodidad en la población ha sido la del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien no tuvo reparos en defender que quieran comer “lo mejor de lo mejor”.

“Lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa seguramente”, respondió a la prensa.

Debido a este escándalo, la bancada de Perú Democrático presentó una iniciativa para regular los gastos congresales. En este contexto, el Proyecto de Ley N° 4322 propone modificar el artículo 33 del reglamento del Congreso para “establecer medidas de austeridad en el gasto administrativo(...) que permita optimizar el recursos público con eficiencia y transparencia”.