Fueron 59 votos los que dieron luz verde este viernes al informe final de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preliminar ante su intento fallido de golpe de Estado.
En rigor, el documento recomienda acusar al exmandatario por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno (2021-2022) para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con la reciente aprobación, el expediente será enviado a la fiscal Patricia Benavides “para que proceda conforme a sus atribuciones”, según un pronunciamiento del Legislativo. Es decir, la denuncia volverá al Ministerio Público para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial.
El informe también recomienda que Juan Silva y Geiner Alvarado, exministros de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, respectivamente, sean acusados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública.
Por ello, con 87 votos, el pleno también aprobó acusar a Silva por organización criminal y colusión, mientras que, con 80 votos, admitió denunciar a Alvarado por organización criminal.
La denuncia responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
“He cumplido con la elaboración y sustentación del informe final de la acusación constitucional contra Pedro Castillo y sus exministros. Espero que la justicia cumpla su trabajo y nunca más nuestros gobernantes lucren con dinero del pueblo”, tuiteó el legislador tras su intervención.
El pasado 10 de febrero, la Comisión Permanente había aceptado el informe que recomendaba aprobar esta acusación después de la denuncia constitucional presentada, en noviembre de 2022, por la fiscal Patricia Benavides.
La pertinaz pugna entre el Ejecutivo y Legislativo se atizó el año pasado por una investigación fiscal contra el exmandatario por dirigir una presunta organización criminal que repartía contratos públicos a cambio de dinero.
La oposición lo señalaba, además, por falta de rumbo y criticaba sus constantes crisis ministeriales que se tradujeron en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros, algo inédito en Perú.
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