Alcalde de El Agustino humilló a trabajadoras sexuales: el operativo criticado por Defensoría y Ministerio de la Mujer

Richard Soria, alcalde de El Agustino, criminalizó y amenazó a un grupo de trabajadoras sexuales extranjeras detenidas tras un operativo liderado por la comuna y la Policía Nacional (PNP). La acción fue criticada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y por colectivos en redes sociales, donde se pidió una sanción contra la autoridad edil por mostrar el rostro de las jóvenes intervenidas y vulnerar sus derechos.

“Vamos a traer a la Policía de extranjería para que hagan su trabajo. Si quieren trabajar, váyanse a otro lugar. Acá no vamos a permitir eso. Les aseguro que con los efectivos y serenos vamos a ser implacables para que no vuelvan”, dijo el burgomaestre, según un clip compartido por la Municipalidad.

Por ello, la Defensoría publicó un comunicado en el que exhortó a luchar “contra la inseguridad ciudadana en estricto respeto de los derechos de todas las personas, sin discriminación ni estigmatización de ningún tipo”.

“Las trabajadoras sexuales constituyen uno de los grupos de mujeres más marginados, estigmatizados y de víctimas de abusos, situación se agrava si se trata de migrantes, jóvenes o menores de edad, peor aún cuando en muchos casos son víctimas de trata o explotación sexual”, añadió el organismo.

En ese sentido, la Policía y demás entidades “deben reforzar su compromiso por la protección de los derechos humanos, evitando exponerlas a cualquier tipo de exhibición pública que atente contra su dignidad”.

En tanto, la cartera de Mujer, presidida por Nancy Tolentino, rechazó la “vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales, en especial las de nacionalidad extranjera, quienes enfrentan violencia y discriminación por ejercer dicha labor”.

Estigma

Janett Cuyutupa, presidenta de Perú Diversa y responsable del programa Agustidiversas en El Agustino, remarcó que el año pasado, el Ejecutivo estableció que “todas las entidades estatales deben tener capacitación de enfoque de género, y parece que este municipio aún no las recibe”.

“Lamentablemente, las trabajadoras sexuales no tienen un lugar fijo y deben estar en esquinas. Creo que aún no hay municipio que pueda solucionar este tipo de situaciones. Que el alcalde solo diga ‘esto es malo, ofende a las familias, las botamos de aquí y punto’ más bien genera más estigma”, dijo la activista a Infobae.

“A ellos no les importa las chicas. He encontrado a varias muy jóvenes consumiendo drogas, inclusive enfermas. No les interesa nada con tal de pararlas en una esquina y empezar a cobrar. La traigo porque tiene vagina y punto, piensan. Y cuanto más joven, mejor. El único perfil es eso: que tenga vagina y que sea jovencita”, señaló Ángela Villón, presidenta de la Asociación Miluska Vida y Dignidad.

En un informe publicado por este medio, Villón agregó que estas organizaciones delictivas pueden invertir de 2.000 a 2.500 soles en el transporte, comida y estadía de las chicas, pero las esclavizan con deudas de hasta 15.000 dólares. “Es una deuda que nunca terminan de pagar. Les siguen cobrando y les siguen cobrando. Así las retienen por años”, remarcó.

Por su parte, Féminas Perú indicó en un comunicado que “la prostitución no es un delito” como lo es el proxenetismo. “¿Cuándo actuarán las autoridades contra esos delincuentes que viven de la trata y la extorsión? ¿Cuántas compañeras más tiene que morir para que actúen?”, apuntó el colectivo.