Justicia panameña mantiene tras las rejas al exdirector de Ingresos

El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, permanecerá detenido provisionalmente mientras avanzan las investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar, al considerar que persisten riesgos procesales y una posible afectación de las pruebas.

La decisión fue adoptada por los magistrados Andrés Reyes, presidente del tribunal; Diego Fernández y Mauricio Marín. Durante la audiencia, los jueces concluyeron que la detención continúa siendo necesaria y proporcional en esta etapa del proceso, tras revisar los argumentos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la defensa particular del exfuncionario.

El fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez explicó que el tribunal tomó en cuenta el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República y los elementos reunidos por el Ministerio Público. Según indicó, ambos componentes revelan preliminarmente la posible existencia de hechos relacionados con los dos delitos imputados.

“El tribunal estimó que hay una vinculación comprometida, un hecho delictivo acreditado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales”, manifestó Rodríguez al explicar el resultado.

Añadió que los riesgos procesales continúan latentes y requieren ser asegurados, por lo que la privación de libertad fue considerada la medida más idónea en este momento.

La investigación comenzó en mayo de 2026, después de que una auditoría detectara un incremento patrimonial de $724,682.39 cuya procedencia legítima no habría sido acreditada.

La cifra forma parte de la tesis del Ministerio Público, pero todavía deberá ser debatida y demostrada dentro del proceso, pues De Gracia mantiene la presunción de inocencia.

Las autoridades sostienen que el exfuncionario habría efectuado transferencias de dinero hacia cuentas vinculadas con su esposa y otra mujer, además de cancelar préstamos hipotecarios y tarjetas de crédito mediante pagos en efectivo.

Para la Fiscalía, estas operaciones dificultaron establecer la trazabilidad bancaria y podrían estar relacionadas con la presunta conversión o movilización de fondos sin justificar.

De Gracia fue aprehendido el 10 de agosto durante la Operación Cuestor, desarrollada en diferentes sectores de Panamá y Panamá Oeste. En las diligencias participaron unidades de investigación e inteligencia policial, mientras las autoridades realizaron acciones sobre tres inmuebles, seis vehículos de alta gama y cuentas bancarias presuntamente vinculadas con el expediente.

Un juez de garantías legalizó posteriormente la aprehensión e imputó a De Gracia como presunto autor de enriquecimiento injustificado agravado y blanqueo de capitales. La detención provisional fue ordenada ante la gravedad de los hechos investigados, el eventual riesgo de fuga y la posibilidad de destrucción o alteración de elementos probatorios.

La esposa del exdirector, Elaine Salterio González, también fue imputada por presunto blanqueo de capitales, pero el juez rechazó mantenerla bajo detención provisional. En su lugar, deberá reportarse dos veces por semana, tiene prohibido salir del país y debe mantener su domicilio, además de cumplir las restantes restricciones impuestas judicialmente.

Una tercera persona vinculada formalmente al expediente es Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego, exfuncionaria de la DGI, quien habría mantenido una relación con De Gracia. La mujer fue imputada por presunto blanqueo de capitales y recibió la medida cautelar de arresto domiciliario, mientras las autoridades continúan analizando sus movimientos financieros y bienes.

La defensa de De Gracia, quien dirigió la DGI durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), ha rechazado los señalamientos y cuestionó la forma en que la Fiscalía calculó el supuesto incremento patrimonial.

Entre sus argumentos sostuvo que las autoridades incluyeron un apartamento valorado en $60,000 que ya figura en otro proceso, situación que, según sus abogados, podría implicar una valoración repetida del mismo bien.

Durante la audiencia más reciente, la defensa estuvo representada por el abogado Javier Quintero, mientras Rodríguez compareció por el Ministerio Público. Después de conocerse la resolución, el fiscal adelantó que la investigación no ha concluido y continúan practicándose nuevas diligencias, algunas relacionadas con información localizada después de las primeras actuaciones judiciales.

“El Ministerio Público sigue haciendo actos de investigación y los hechos se están fortaleciendo”, afirmó Rodríguez. El funcionario anticipó que han surgido otros hallazgos que serán sustentados ante los tribunales, aunque no ofreció detalles sobre su naturaleza ni precisó si podrían derivar en nuevas imputaciones, aprehensiones o medidas sobre otros bienes y cuentas.