Ministerio de Seguridad administrará la protección de víctimas y testigos tras cierre de autónoma salvadoreña

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves, con 57 de los 60 votos, la disolución de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la liquidación de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE), por solicitud del gobierno central.

La reforma elimina duplicidad de funciones, reduce gastos administrativos y traslada el Programa de Protección de Víctimas y Testigos al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la iniciativa ante la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea. La comisión aprobó por unanimidad un dictamen favorable. El decreto establece que el proceso de liquidación deberá concluir el 31 de diciembre de 2026.

Villatoro informó que la UTE cuenta con 43 empleados y que el proyecto contempla un mecanismo de evaluación para definir qué trabajadores continuarán vinculados al programa de protección de víctimas y testigos. El resto del personal recibirá indemnización conforme a las disposiciones incluidas en la propuesta de ley.

“Hay una fase de evaluación. Los que cumplan las condiciones quedarán siempre dentro del programa y los que no van a ser liquidados”, explicó Villatoro durante la sesión.

La UTE tenía más de USD 6,5 millones de presupuesto

Villatoro indicó que la UTE recibió un presupuesto superior a los USD 6,5 millones, de los cuales más de USD 4,5 millones correspondían al Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Según sus cálculos, el presupuesto vigente para 2026 supera los USD 2,4 millones.

El funcionario aseguró que la reducción presupuestaria permitió trasladar recursos hacia otras áreas del sector seguridad. “A este momento ya son USD 4 millones más que hemos ahorrado, es decir, trasladado de manera eficiente donde necesitamos”, señaló.

También afirmó que el Ejecutivo no requerirá refuerzo presupuestario del Ministerio de Hacienda para pagar las obligaciones derivadas de la liquidación, incluidos los contratos vigentes, los compromisos pendientes y las indemnizaciones laborales. Las obligaciones pendientes deberán cubrirse con el presupuesto asignado a la UTE. Las indemnizaciones se pagarían durante los primeros tres meses del ejercicio fiscal de 2027.

El Ministerio de Seguridad administraría la protección de víctimas y testigos

Se asigna al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia las funciones que hasta ahora ejercían la Comisión Coordinadora y la UTE en materia de protección de víctimas, testigos y otros intervinientes en investigaciones penales y procesos judiciales.

La cartera asumirá la dirección, administración, otorgamiento, seguimiento, modificación y supresión de las medidas de protección. Además, deberá trasladar a su estructura los casos en ejecución cuando termine el proceso de disolución.

Villatoro afirmó que el cambio no implicará la desaparición del programa. Por el contrario, planteó que el Estado debe rediseñar el sistema de protección para víctimas y testigos de organizaciones criminales.

El proyecto dispone que el Ministerio de Seguridad deberá incorporar en su presupuesto anual los recursos para financiar las medidas de protección, la atención a los beneficiarios, la coordinación interinstitucional y el personal trasladado desde la UTE.

El Gobierno argumenta que las funciones ya las cumplen otras instituciones

La Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la UTE fueron creadas en 1996 para coordinar políticas, proyectos y programas entre las instituciones del sector, además de brindar asistencia técnica, administrativa y financiera.

El decreto sostiene que las entidades que integran el sistema de justicia cuentan ahora con unidades propias de planificación estratégica, cooperación internacional, modernización, capacitación, formulación de políticas y coordinación institucional. Bajo ese argumento, considera que la permanencia de la Comisión y de la UTE genera duplicidad de funciones y dispersión de recursos públicos.

Villatoro cuestionó la utilidad histórica de la UTE y aseguró que, durante su experiencia previa como funcionario judicial y fiscal auxiliar, no identificó resultados concretos derivados de sus actividades de capacitación y asistencia.

Indemnizaciones para el personal que no sea trasladado

La propuesta prevé que el personal de la UTE reciba un salario mensual por cada año de servicio activo o fracción superior a seis meses. Para quienes perciban entre USD 480,80 y USD 900 mensuales, el límite será de 24 salarios. Para los empleados con ingresos desde USD 901 en adelante, el máximo será de 12 salarios.

Los bienes de la UTE pasarían, por ministerio de ley, al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. El comité de liquidación deberá elaborar el inventario, transferir archivos, recursos financieros, contratos y obligaciones, y emitir un informe final que quedará bajo resguardo de esa cartera.