Panamá destinó en agosto aproximadamente $850,3 millones al servicio de la deuda pública, entre amortizaciones, intereses y comisiones. De ese monto, cerca de $510,5 millones correspondieron al pago de capital, $319,7 millones a intereses y poco más de $20 millones a cargos asociados con las operaciones financieras.
Los compromisos externos absorbieron alrededor de $428,1 millones durante el mes. Los organismos multilaterales recibieron $134,2 millones, distribuidos entre $89,6 millones de capital, $43,9 millones de intereses y $0,7 millones de comisiones. Los bonos globales representaron otros $252,3 millones, pagados completamente en intereses.
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A la banca comercial externa se destinaron $40,6 millones, de los cuales $21,5 millones correspondieron a intereses y $19,1 millones a comisiones. Los acreedores bilaterales recibieron otro millón de dólares, integrado principalmente por $0,8 millones de amortización y cerca de $0,1 millones en costos financieros.
El servicio de la deuda interna sumó aproximadamente $422,2 millones durante agosto. Las letras del Tesoro concentraron $387,2 millones, casi todo destinado a cancelar capital, mientras las notas recibieron $33,1 millones. Otros $1,9 millones fueron pagados a bancos oficiales, principalmente por intereses vinculados con esas obligaciones.

Aunque el Gobierno desembolsó esa cantidad, el saldo no disminuyó porque durante el mes también obtuvo $433,7 millones mediante nuevas colocaciones y préstamos. Las emisiones incluyeron $369,2 millones en letras del Tesoro, $38,8 millones en notas y $25,7 millones provenientes de organismos multilaterales, además de un ajuste cambiario desfavorable de $54,9 millones.
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Con esos movimientos, la deuda pública cerró agosto en $61.918,4 millones, el nivel más alto de la serie presentada. El saldo aumentó $11,1 millones, equivalentes a 0,02%, frente a los $61.907,3 millones registrados en julio, pese a las amortizaciones efectuadas durante el mismo periodo.
La mayor parte del endeudamiento continúa contratada fuera del país. La deuda externa alcanzó $51.883,7 millones, equivalente a 83,8% del total, mientras las obligaciones internas sumaron $10.034,7 millones. Esta composición expone las finanzas públicas a las condiciones internacionales de crédito, aunque Panamá elimina el riesgo de devaluación mediante la dolarización.
El crecimiento interanual fue considerablemente mayor. En agosto de 2025, el saldo se ubicaba en $57.816,1 millones, por lo que aumentó $4.102,4 millones en doce meses, una variación de 7,1%. El avance muestra que el financiamiento nuevo continúa superando las amortizaciones y mantiene ascendente la trayectoria del endeudamiento público.
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Entre enero y agosto de 2026, el Estado acumuló pagos por $11.030,4 millones relacionados con la deuda. Esa suma comprende $8.819,6 millones en capital, $2.084,9 millones en intereses y $125,9 millones en comisiones. El volumen refleja tanto obligaciones ordinarias como operaciones de refinanciamiento que elevan los movimientos acumulados.
El peso heredado entre dos gobiernos
Al finalizar junio de 2024, último mes completo del gobierno de Laurentino Cortizo, la deuda pública alcanzaba $51.812,8 millones. La administración había comenzado en 2019 con aproximadamente $26.612,8 millones, lo que significa que durante aquel quinquenio el saldo aumentó cerca de $25.200 millones, equivalente a 94,7%.
El primer cierre mensual del gobierno de José Raúl Mulino, correspondiente a julio de 2024, mostró un saldo de $51.860,5 millones. Comparado con esa referencia, el endeudamiento aumentó $10.057,9 millones hasta agosto de 2026, es decir, 19,4%. Frente al cierre heredado de junio, el incremento alcanza $10.105,6 millones o 19,5%.
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Las calificadoras han identificado la carga financiera como uno de los puntos más sensibles de Panamá. Fitch calculó que los intereses absorbieron cerca de 18,8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana de 11,4% entre países con calificación BB, y advirtió que esa proporción podría continuar aumentando durante los próximos años.

Fitch mantiene a Panamá en BB+, por debajo del grado de inversión, y proyectó que la deuda consolidada podría alcanzar aproximadamente 64,6% del producto interno bruto en 2027. La agencia reconoce la estabilidad macroeconómica y la dolarización, pero considera que los déficits persistentes y el encarecimiento del servicio limitan la flexibilidad presupuestaria.
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Moody’s conserva la calificación soberana en Baa3, aunque ha advertido que su sostenibilidad dependerá de una consolidación fiscal capaz de contener la deuda. La firma proyecta que el indicador podría estabilizarse alrededor de 66% o 67% del PIB, siempre que el Gobierno reduzca gradualmente el déficit y evite nuevas presiones permanentes sobre el gasto.
Standard & Poor’s también ha señalado que el aumento del endeudamiento y de la factura de intereses restringe los recursos disponibles para inversión y servicios públicos. El problema no consiste únicamente en deber más, sino en que cada dólar utilizado para intereses reduce el margen presupuestario, sin disminuir hospitales, escuelas ni otras obligaciones estatales.
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