Más de 15,400 personas han sido desplazadas en Panamá por eventos climáticos

Panamá presentó su primer diagnóstico oficial sobre el impacto del cambio climático en la movilidad humana, con cifras que reflejan una realidad cada vez más evidente en el país.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Comité Nacional de Cambio Climático, impulsó el informe que pone sobre la mesa un dato clave: entre 2012 y 2024 se registraron aproximadamente 15,411 desplazamientos internos asociados a eventos climáticos extremos.

Esta cifra, considerada uno de los indicadores más relevantes del documento, expone cómo fenómenos como inundaciones, tormentas y deslizamientos ya están obligando a comunidades enteras a abandonar sus territorios.

El documento, elaborado con el respaldo de instituciones públicas, sociedad civil y aliados internacionales, se posiciona como la primera línea base nacional sobre este fenómeno en Panamá.

En su contenido se detalla que los desplazamientos no responden únicamente a eventos súbitos, sino también a procesos de evolución lenta como el aumento del nivel del mar y las sequías prolongadas.

Estas condiciones han impactado principalmente a poblaciones rurales, costeras e indígenas, donde la vulnerabilidad estructural se combina con la exposición directa a riesgos climáticos.

Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta del Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas, un instrumento que busca ordenar la respuesta del Estado ante escenarios en los que ya no es posible garantizar la seguridad de las comunidades en su lugar de origen.

La iniciativa plantea una jerarquía de medidas, que prioriza primero acciones de adaptación en sitio antes de considerar la reubicación como última alternativa. De esta manera, se intenta evitar desplazamientos innecesarios y asegurar que cualquier traslado se realice bajo condiciones planificadas, dignas y sostenibles.

El caso más emblemático de este proceso ocurrió en 2025 en la comarca de Guna Yala, donde una comunidad indígena inició su traslado desde una isla vulnerable hacia tierra firme.

En específico, unas 1,200 personas de Cartí Sugdupu comenzaron a mudarse a la urbanización Nuevo Cartí, construida por el Estado como respuesta al avance del mar.

Este proyecto, considerado el primer desplazamiento planificado por cambio climático en Panamá, evidencia cómo la crisis climática ya no es un riesgo futuro, sino una realidad concreta que transforma territorios y modos de vida.

El informe también recoge experiencias vinculadas a desastres recientes, como los efectos de los huracanes Eta e Iota en la provincia de Chiriquí y situaciones en Bocas del Toro, donde comunidades han tenido que enfrentar desplazamientos temporales o permanentes.

Estos antecedentes refuerzan la necesidad de contar con un marco normativo claro que permita actuar con rapidez y coordinación, evitando respuestas improvisadas ante eventos que, según las proyecciones, serán cada vez más frecuentes e intensos.

Desde MiAmbiente, las autoridades han subrayado que el país está dando un paso clave al integrar datos, planificación y política pública en un mismo instrumento.

La estrategia apunta a anticiparse a los impactos y no solo reaccionar a ellos, promoviendo decisiones basadas en evidencia. En ese sentido, el protocolo en consulta busca convertirse en una herramienta que permita al Estado actuar de forma estructurada, considerando factores sociales, ambientales y económicos en cada proceso de reubicación.

El documento también advierte que la movilidad humana vinculada al cambio climático puede tener efectos profundos en la cohesión social, la economía local y la identidad cultural de las comunidades afectadas.

En territorios indígenas, por ejemplo, el traslado implica no solo un cambio físico de ubicación, sino también una transformación en las dinámicas culturales y productivas, lo que plantea retos adicionales para las políticas públicas.

La presentación del informe y del protocolo marca el inicio de una nueva etapa en la gestión del riesgo climático en Panamá. A partir del 15 de abril y hasta el 13 de mayo de 2026, se desarrollará un proceso de consulta pública para recoger aportes de distintos sectores.

Este paso será clave para definir cómo el país enfrenta un fenómeno que ya está en marcha y que, según los datos disponibles, seguirá aumentando en los próximos años si no se adoptan medidas de adaptación efectivas.