El Ministerio de la Presidencia de Panamá ordenó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomar el control administrativo y operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que este lunes se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la prórroga de la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.
La decisión marca un punto de inflexión en la gestión portuaria del país y abre un escenario jurídico y geopolítico complejo para el sector logístico.
El fallo, contenido en la Gaceta Oficial N.° 30468, estableció que la prórroga automática del contrato entre el Estado panameño y PPC vulneró principios constitucionales, al limitar la capacidad del Estado para administrar bienes de dominio público y otorgar concesiones futuras sin aprobación previa de la empresa.
GacetaNo_30468_20260223En el análisis del máximo tribunal, la concesión generó privilegios que afectaban la libre competencia y restringían la potestad estatal sobre infraestructura estratégica.
Tras la publicación del fallo, que deja en firma la decisión de la CSJ, se emitió la orden de ejecución inmediata para asumir la administración de las terminales portuarias, argumentando la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios, la seguridad operativa y la protección de la cadena logística.
La orden señala que la decisión se tomó por razones de interés social y de urgencia, en un movimiento orientado a blindar la continuidad operativa de los puertos ante posibles repercusiones legales y económicas, en un escenario marcado por la incertidumbre contractual.
Voceros de Panama Ports Company habían indicado la semana pasada que equipos, sistemas tecnológicos y activos operativos dentro de las terminales son propiedad de la empresa, por lo que advirtieron que no podrían ser utilizados por terceros sin autorización.
Esta postura anticipa un posible conflicto operativo y jurídico en torno al control efectivo de la infraestructura, en especial en áreas críticas como sistemas informáticos, grúas portuarias y plataformas logísticas.
La resolución administrativa instruye a la AMP a ejercer facultades inmediatas de supervisión, administración y control sobre las terminales portuarias, incluyendo la protección de activos, la seguridad operativa y la continuidad de contratos con usuarios del sistema portuario.
El documento enfatiza el carácter urgente de la medida, argumentando que los puertos constituyen infraestructura crítica para el comercio exterior y el tránsito marítimo internacional.
El acto también establece la obligación de coordinar con otras entidades estatales para garantizar la estabilidad del sistema logístico, incluyendo seguridad, aduanas y operaciones marítimas.
Asimismo, ordena levantar inventarios de activos, revisar contratos vigentes y asegurar la integridad de la información operativa, en un proceso de transición que podría extenderse mientras se define el nuevo modelo de gestión. Además de garantizar el pago de prestaciones a los cientos de trabajadores que laboran en ambos puertos.
El fallo constitucional no solo anuló la prórroga del contrato, sino también actos administrativos previos y posteriores vinculados a dicha extensión, incluyendo resoluciones de la junta directiva de la AMP y certificaciones administrativas que validaban la continuidad contractual. La Corte sostuvo que estos actos derivaban de una prórroga inválida y, por tanto, carecían de sustento constitucional.
Otro elemento relevante del análisis judicial fue la consideración de que la prórroga generaba un escenario de exclusividad incompatible con el interés público, al limitar la posibilidad de futuras concesiones o licitaciones en terminales estratégicas. El tribunal también destacó la necesidad de preservar la potestad estatal sobre bienes de dominio público y garantizar igualdad de condiciones para operadores portuarios.
Hay que recordar que tras el fallo de la Corte, PPC había interpuesto arbitraje internacional contra el Estado panameño, mediante el cual la empresa busca compensación por la anulación del contrato. Este proceso podría prolongarse durante años y exponer al país a reclamaciones multimillonarias, en un litigio que combinaría elementos contractuales, regulatorios y de inversión extranjera.
La controversia también adquirió una dimensión geopolítica tras advertencias provenientes de China y de autoridades vinculadas a Hong Kong, que señalaron que la decisión judicial podría generar consecuencias económicas para Panamá y afectar la confianza de inversionistas internacionales. Estas declaraciones incrementaron la tensión diplomática alrededor del caso, dada la relevancia estratégica del sistema portuario panameño en el comercio global.
Frente a estas presiones, el presidente José Raúl Mulino rechazó categóricamente las advertencias externas y sostuvo que Panamá respeta el Estado de derecho, la separación de poderes y el carácter definitivo de las decisiones judiciales.
El mandatario subrayó que el fallo de la Corte Suprema responde a un proceso constitucional interno y que el país mantiene garantías para la inversión extranjera bajo el marco legal vigente.
En términos económicos, la decisión introduce incertidumbre en uno de los principales nodos logísticos del país, ya que los puertos de Balboa y Cristóbal concentran una parte significativa del movimiento de contenedores y del tráfico marítimo regional. Analistas advierten que la transición administrativa deberá manejarse con cautela para evitar interrupciones en operaciones, impacto en contratos de transporte y afectaciones a la reputación logística de Panamá.
No obstante, el Gobierno sostiene que la medida representa una oportunidad para redefinir el modelo de concesiones portuarias, fortalecer la transparencia y garantizar una mayor participación estatal en infraestructura estratégica, en línea con los argumentos constitucionales planteados por la Corte. Este enfoque busca equilibrar la atracción de inversión extranjera con la preservación del control soberano sobre activos críticos.
La evolución del caso dependerá ahora de varios factores, entre ellos la implementación efectiva del control por parte de la AMP, el avance del arbitraje internacional y las negociaciones que eventualmente puedan surgir entre el Estado y la empresa concesionaria. Mientras tanto, el conflicto se perfila como uno de los episodios más relevantes en la historia reciente del sistema portuario panameño, con implicaciones legales, económicas y geopolíticas de largo alcance.
APM Terminals, filial del grupo naviero Maersk, manifestó previamente su disposición a asumir de forma temporal la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal en caso de que el Estado requiera garantizar la continuidad del servicio mientras se organiza un nuevo proceso de licitación.
La empresa señaló que su eventual participación tendría carácter transitorio, limitada a asegurar la estabilidad operativa y logística de las terminales, mientras el Gobierno define un esquema definitivo de adjudicación que contemplaría contratos separados para cada puerto, en línea con la estrategia de diversificar operadores y fortalecer la competencia en el sistema portuario panameño.
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